El magnífico artículo de Rosa María Artal sobre las mujeres del PP que les recomiendo leer sin demora, se complementa con las reflexiones de Kerman Calvo publicadas en InfoLibre y que reproduzco en parte para que se animen a leer todos sus argumentos. Dos trabajos fundamentales que ilustran la caverna que nos gobierna y toda la involución en derechos y civilización que nos quieren imponer. Quienes peor paradas salimos, como siempre, las mujeres, algunas tristemente retratadas en este papel tristísimo de aplaudidoras de un maltrato que atenta nuestra vida y dignidad. Pero algo tenemos que decir y oponer las otras mujeres, la inmensa mayoría, que tan duramente conseguimos escaparnos de la esfera privada de las “idénticas” para aguzar nuestros perfiles y nuestros derechos en la igualdad y la ciudadanía. ¡Que ningún Rajoy ni Gallardón de tres al cuarto, por más coros de la sección femenina revividos que los asistan, pueda vencernos!
PP y El PP y la confusión entre privilegios y derechos
Parece que nos atascamos un poco en la comprensión de las políticas morales, esas que regulan las decisiones personales de la gente y sus estilos de vida, y que están ganando un nuevo protagonismo en la España de Rajoy. ¿Por qué se propone excluir precisamente a las mujeres lesbianas del sistema público de inseminación artificial en España, cuando el ahorro anticipado de esta media es bajísimo? O, también, ¿por qué no se aprueba una ley nacional de parejas de hecho? Y, desde luego: ¿Por qué se propone una radical transformación de la legislación en el tema del aborto? Nos cuesta a veces encontrar el sentido a estas políticas por la sospecha de su posible dependencia del proselitismo evangelizador de líderes e Iglesias; quizás el fanatismo lleve a los gobernantes a tomar decisiones irracionales desde el punto de vista de la lógica política convencional. Podría ser. No obstante, sería un error insistir demasiado en estas posibles peculiaridades.
Sin ir más lejos, los votos también cuentan aquí. No es descabellado pensar que la propuesta del ministro Gallardón, que criminaliza de nuevo el aborto al recuperar su categoría como comportamiento ilícito salvo si concurren determinadas circunstancias, busque contentar al ala más conservadora del electorado del PP (ese grupo formado en torno al millón de ciudadanos que, según diversas estimaciones, constituiría el núcleo más duro del apoyo electoral del PP).
Pero voy a ir más lejos. Veo en el caso concreto del Gobierno actual del PP, y su nueva agenda moral, no un ejemplo de la peculiaridad de las políticas morales, sino de lo contrario. Pienso que la política del aborto, pero también la gestión de la dependencia o los ajustes en la cartera de servicios sanitarios básicos, por poner solo unos ejemplos, son todos síntomas de una misma enfermedad: al PP le sobra la ciudadanía.
Esto es radicalmente nuevo. Sorprenda o no, lo cierto es que, hasta fechas muy recientes, el PP raramente se había presentado en España como un obstáculo para la extensión de los derechos de ciudadanía, al menos en el plano de las representaciones públicas; los derechos eran sagrados, la ciudadanía modernizaba y conectaba con Europa. Nunca faltaba ciudadanía.
Permítanme que precise: no estoy afirmando que el PP no haya buscado excusas en el pasado para retrasar la extensión de muchos derechos, particularmente en el terreno de la moral sexual. Muy al contrario, este partido político ha demostrado sobrada pericia precisamente en buscar excusas para forzar tales retrasos. Lo que sostengo es que, ahora, se empieza a negar la existencia misma de tales derechos, cuestionándose, por lo tanto, la futura posición de los reclamantes en el seno de la comunidad política a la que se aspira a participar.
¿En qué me baso? Pues en la transformación de la postura del PP ante las quejas de diversos grupos sociales que insistían en que determinados comportamientos (abortar, divorciarse, contraer matrimonio entre dos mujeres, inscribir al hijo concebido por gestación por sustitución, etc.) estaban íntimamente asociados a la dignidad de la persona; es decir, eran derechos. En radical oposición a la postura de otros partidos conservadores en países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la respuesta del PP, hasta momentos muy recientes, nunca fue negar la existencia de tal derecho (a divorciarse libremente, a cambiar de sexo en la sanidad pública, a imponer unas cuotas equilibradas de género en las listas electorales).
La abstención / oposición descansaba siempre sobre un argumento técnico; el matrimonio entre personas del mismo sexo, no era malo: era técnicamente inconstitucional. La ley de Igualdad no era mala, era técnicamente deficiente. La ley de parejas de hecho no era mala, era presupuestariamente inabarcable. Se buscaban, por lo tanto, excusas, no razones.
Pero ha llegado la hora del cambio. Empleando las palabras de Carmen Quintanilla (PP), en la actualidad presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, el Gobierno ve ya la necesidad de acabar con la “confusión entre derechos y privilegios”. Con otras palabras, parece que ha llegado la oportunidad de oponerse al reconocimiento de nuevos derechos como la mejor y única solución para determinados problemas. En el contexto actual, se afirma, se ha de distinguir entre lo que sí es irrenunciable en tanto que ciudadano y lo que, al parecer, no lo era (pero que se podía tolerar gracias a la bonanza económica y política).
El PP empieza a insistir en los límites de su modelo de ciudadanía, un modelo que jibariza la importancia de la extensión de derechos al supeditar tal medida a la evolución de otras variables, como la economía o las necesidades de “cohesión” del cuerpo social. Si uno presta atención a muchas declaraciones recientes, llega rápidamente a la conclusión de haber vivido “muy por encima de nuestras posibilidades”, también en el terreno de los derechos.
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