Veto al Proyecto de Ley de Racionalización al Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa.

Pleno del Senado, 9 de julio de 2014.

Senyor president.
Señorías.

El senador Saura y yo, en representación de Iniciativa Verds, presentamos este veto por las siguientes razones:

La primera es porque consideramos que este “tótum revolútum” de medidas parciales e inconexas no son la adecuada propuesta de reforma de la administración pública que necesita España. Con los contenidos de este proyecto de ley, por ampuloso que sea su nombre ni se logrará la eficiencia en el gasto, ni la simplificación, ni la eliminación de duplicidades. Para conseguir la reforma de las administraciones públicas, tarea nada sencilla, es necesario tener un modelo claro, criterios precisos, y las alianzas políticas y sociales necesarias para realmente poder reformar el sector público. Este gobierno adolece de todo ello; ya lo demostró con la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y lo vuelve a demostrar con este proyecto de ley.

Señorías.
Es de todos compartido el papel fundamental que desempeña la administración pública en la estructuración de nuestra sociedad, su importante papel como vector económico, y como factor de cohesión social. Es necesario un sector público eficiente y de calidad, que cubra todos los ámbitos y funciones que tiene encomendados. Una administración flexible que le permita irse adaptando a los cambios que se van produciendo en la realidad.

¿Es necesaria una reforma de las administraciones públicas? Sí. ¿El batiburrillo de propuestas que va realizando este gobierno es el camino? Evidentemente, No.

¿Por qué este gobierno es incapaz de abordar una reforma en profundidad de la administración pública? Por varios motivos.
Por rigideces ideológicas. Este es un gobierno profundamente neoliberal. Inspirado por esta doctrina, desconfía de lo público y está firmemente convencido tanto de que el sector privado puede desempeñar en mejores condiciones muchos de los servicios y prestaciones actualmente reservadas al sector público, como que deben ser los ciudadanos quienes se paguen el acceso a muchos de estos servicios y prestaciones. Para quien no pueda pagarlo, un mínimo asistencialismo. Como ejemplos de estas afirmaciones tenemos; la privatización de los servicios públicos de empleo o el copago sanitario.

Con una visión también muy neoliberal del concepto de gasto público. Un gobierno que no sabe distinguir entre gasto público productivo, gasto público socialmente necesario y gasto público improductivo. Ejemplo de ello es la laminación de las partidas destinadas a I+D+I, consideradas en todo el mundo como gasto público productivo; los recortes en salud o educación, gasto público socialmente necesario; y el rescate de las autopistas privadas, claro ejemplo de gasto público improductivo.
Y junto con esto la incapacidad de plantear una reforma fiscal que aborde el principal reto planteado para garantizar la sostenibilidad de nuestro sector público, el incremento de los ingresos. Hay que recordar que España es uno de los países de la UE con menor gasto público en relación al PIB. Y también hay que recordar que nuestra presión fiscal está entre 7 y 8 puntos por debajo de la media de la UE.

Otro motivo -lo decía al inicio de mi intervención- es la falta de un modelo claro de reforma de la administración pública. Lo que el gobierno presenta como propuestas de racionalización y reforma de la administración pública tiene como único objetivo recortar el gasto público para cumplir los objetivos de déficit. Recortar, podar, eliminar, a esto se reducen las reformas. Y viendo siempre como prescindibles aquellas partidas u organismos con función social. Luego me referiré en concreto sobre esta cuestión.

Señorías.
Los recortes para cumplir con los objetivos de  reducción del déficit son la verdadera motivación de la cascada de decretos-leyes y de leyes presentadas por este gobierno y que afectan al sector público. Este proyecto de ley que hoy debatimos forma parte de este paquete de recortes.

Como me imagino que saldrá en el debate permítanme que haga referencia al déficit. Desde el inicio de esta legislatura, tanto el senador Saura como yo, hemos ido insistiendo en que los objetivos de reducción del déficit, marcados por la troika y aceptados por este gobierno- que al principio eran de un máximo del 3% de déficit respecto al PIB para 2013, luego se han ido ligeramente suavizando-, eran un profundo error. Que España ni podría cumplir con estos objetivos ni debía cumplirlos. Que sin desentendernos del problema del déficit y de la deuda, eran necesarios plazos y ritmos más acompasados para poder abordar otras necesidades que tenían el país y nuestra economía. Que necesitábamos recursos para impulsar la economía y proteger a los sectores más castigados por la crisis. El tiempo nos ha dado la razón, pero el daño ya está hecho. Los  responsables; la troika, la señora Merkel, pero también este gobierno del PP.

El ministro Montoro ha afirmado hoy que ya se ve luz, y luz natural, al final del túnel, ¿pero a qué precio, señorías?. Es evidente que algunos datos macroeconómicos mejoran, como también es evidente que la sociedad española es hoy más pobre, más precarizada y más dual. Y que para amplios sectores sociales, especialmente los jóvenes, no existen motivos de esperanza ni atisban un horizonte próximo que les indique que podrán gobernar su vida con autonomía y la mínima dignidad exigible.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, es imposible intentar reformar la administración sin alianzas sociales, políticas y territoriales. Este proyecto de ley tiene enfrente a los sindicatos más representativos de la función pública. Hoy en el Senado vamos a discutir y votar 8 vetos, todos los grupos de la oposición están en contra. Y como señala el informe del Consejo de Estado, este proyecto de ley no cuenta con el diálogo y consenso con las Comunidades Autónomas. Señorías del PP, ¿ustedes creen que se puede reformar la administración sin dialogo ni consenso? No, claro que no. Podrán imponer medidas concretas, como las que plantean en este proyecto de ley y sacarlas adelante con su mayoría absoluta, pero nunca podrán reformar y racionalizar el sector público sin consenso. La verdad es que tampoco lo pretenden, más allá del título de la ley, lo único que pretenden es recortar.

¿Cuáles han sido las verdaderas políticas de este gobierno con el sector público? Recortes -antes me refería a ellos- y aplicar la devaluación interna, también, a los empleados públicos.

En dos años se han perdido 400.000 empleos públicos. Me sorprende que el ministro Montoro se refiriera a ello en el Congreso, como un logro positivo. Recortes y congelaciones salariales, eliminación de pagas extras. En definitiva una degradación de las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos, lo que junto con los recortes en los servicios públicos esenciales, perfilan un panorama desolador del sector público.

Como va siendo habitual, el gobierno del PP no desaprovecha ninguna iniciativa legislativa para ir recentralizando. Establecer en el BOE el tablón edictal único para el conjunto de las administraciones públicas. La implantación de una licencia deportiva única, aunque parece que esto lo vamos a poder arreglar con una enmienda transaccional. La unificación en la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación de determinadas funciones de evaluación y acreditación en el ámbito universitario. Y otras medidas recogidas en este proyecto de ley demuestran la voluntad recentralizadora y la deslealtad institucional de este gobierno.

En su informe, el Consejo de estado nos alertaba -y leo literal- “una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales”, y reclamaba “velar por que tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos”

El Consejo de estado acierta totalmente. Pondré solo tres ejemplos: la devaluación del Instituto de la Mujer; lo mismo pasa con el Observatorio Nacional de la Salud; y la desaparición del Consejo de la Juventud de España. Por otra parte, muchas de las agrupaciones de diversos organismos en uno único se realiza sin garantizar su adecuado financiamiento, ni la preservación de los puestos de trabajo.

Señorías, el senador Saura y yo emplazamos al gobierno a realizar una verdadera reforma de la administración pública desde el dialogo y el consenso. Lo que hoy discutimos por parcial, innecesario y contraproducente no puede tener nuestro apoyo, es por ello que les pido el voto a este veto.