El 18 de julio de 2019, Eurosolar-Es presenta un informe ante las NNUU por la vulneración de derechos a las personas que invirtieron en renovables.
Informe de Eurosolar-Es ante las NNUU
Dado que, en el marco de la ONU, se abrió el proceso EPU (examen periódico universal) del estado español, y dado que el estado español ha vulnerado los derechos de muchos ciudadanos que confiaron en el BOE invirtiendo en energías renovables, y especialmente en solar FV, desde la asociación Eurosolar-ES y desde la Asociación de Juristas por los Derechos Humanos se ha redactado un informe que se ha hecho llegar a las NNUU para que lo tenga en cuenta al realizar el EPU (que comenzará a lo largo del mes de enero de 2020).
El EPU o Examen Periódico Universal es un procedimiento al que se someten todos los estados miembro de las Naciones Unidas, cada cuatro años, para una revisión de la situación de derechos humanos en el Estado, independientemente de la ratificación o no de los tratados internacionales. Es un procedimiento básicamente político que consiste en un "diálogo interactivo" entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos y el estado examinado. El procedimiento concluye con la formulación de recomendaciones de los miembros del Consejo al Estado. El Estado indicará si las acepta total o parcialmente o no las acepta. El único seguimiento que se hace es en el marco del procedimiento de EPU.
Dado que, en el marco de la ONU, se abrió el proceso EPU (examen periódico universal) del estado español, y dado que el estado español ha vulnerado los derechos de muchos ciudadanos que confiaron en el BOE invirtiendo en energías renovables, y especialmente en solar FV, desde la asociación Eurosolar-ES y desde la Asociación de Juristas por los Derechos Humanos se ha redactado un informe que se ha hecho llegar a las NNUU para que lo tenga en cuenta al realizar el EPU (que comenzará a lo largo del mes de enero de 2020).
El EPU o Examen Periódico Universal es un procedimiento al que se someten todos los estados miembro de las Naciones Unidas, cada cuatro años, para una revisión de la situación de derechos humanos en el Estado, independientemente de la ratificación o no de los tratados internacionales. Es un procedimiento básicamente político que consiste en un "diálogo interactivo" entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos y el estado examinado. El procedimiento concluye con la formulación de recomendaciones de los miembros del Consejo al Estado. El Estado indicará si las acepta total o parcialmente o no las acepta. El único seguimiento que se hace es en el marco del procedimiento de EPU.
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