En octubre se ordenó el sobreseimiento provisional del caso al considerar que las “devoluciones en caliente” son una práctica habitual en la frontera de Ceuta. El Ministerio del Interior no ha asumido ninguna responsabilidad ante los hechos. Las familias de las víctimas piden verdad, justicia y reparación, así como la identificación de todos los cadáveres. La Ley de Seguridad ciudadana pretende dar “cobertura legal” a las “devoluciones en caliente”.
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