El canje del soldado israelí Gilad Shalit por 477 presos palestinos pone de manifiesto la necesidad de que todas las personas recluidas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) reciban un trato humano, ha afirmado AI, Amnistía Internacional.
“Este acuerdo supondrá un alivio para Gilad Shalit y su familia, tras una dura experiencia que se ha prolongado durante más de cinco años. Numerosas familias palestinas sentirán hoy una sensación de alivio similar al reunirse con sus familiares, que en muchos casos han pasado decenas de años recluidos en duras condiciones en Israel”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional (AI) para Oriente Medio y el Norte de África. “Sin embargo, es preciso tomar más medidas para proteger los derechos de miles de personas que continúan recluidas. Las autoridades israelíes, la administración de facto de Hamás en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania deben aprovechar esta oportunidad para garantizar el respeto por los derechos de todas las personas encarceladas y bajo custodia.”
Gilad Shalit fue capturado por grupos armados palestinos de Gaza en un ataque transfronterizo llevado a cabo el 25 de junio de 2006. Desde entonces no se le ha permitido ponerse en contacto con su familia, que ha hecho campaña incansablemente para conseguir su liberación. A pesar de los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones, tampoco se le ha permitido ponerse en contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo que ha resultado imposible comprobar las condiciones de su cautiverio.
Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades de Hamás a que no traten a Gilad Shalit como rehén y moneda de cambio, puesto que con ello incumplen las obligaciones que tienen contraídas con arreglo al derecho internacional humanitario.
La organización también ha planteado a las autoridades israelíes sus motivos de preocupación en torno a las condiciones de reclusión de los presos palestinos y al hecho de que siguen encarcelando a palestinos de los TPO en Israel, incumpliendo así sus obligaciones conforme al Cuarto Convenio de Ginebra.
Más de 5.200 palestinos de los TPO, que engloban a Cisjordania –incluido Jerusalén Oriental– y la Franja de Gaza, se encuentran recluidos actualmente en centros gestionados por el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí. La gran mayoría están encarcelados en Israel.
“Las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario garantizan el derecho de toda persona privada de libertad a condiciones de reclusión humanas y dignas, atención médica adecuada, y visitas periódicas de su familia”, ha manifestado Malcolm Smart.
“Israel, la administración de facto de Hamás y la Autoridad Palestina deben garantizar que todas las personas recluidas son sometidas sin dilación a juicios con arreglo a las normas internacionales sobre garantías procesales, y que se acatan las fallos judiciales que ordenan la puesta en libertad de los presos”.
Centenares de presos palestinos se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de septiembre para protestar por las recientes medidas punitivas impuestas por las autoridades israelíes.
Los presos exigen que el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí ponga fin a la reclusión arbitraria de presos en régimen de aislamiento y que les permita recibir visitas de sus familias con regularidad.
El hecho de que estén recluidos en territorio israelí hace que las visitas de familiares resulten difíciles, por no decir imposibles, ya que las autoridades israelíes a menudo les deniegan los permisos de viaje. En junio de 2007, Israel suspendió las visitas de familiares de todos los presos de Gaza, una política punitiva que no sólo castiga a los presos, sino también a sus familias.
Entre los 477 presos que hoy han quedado en libertad, de los que 450 son hombres y 27 mujeres, hay 275 personas condenadas por tribunales militares israelíes a una o más penas de cadena perpetua. Entre las personas que han quedado en libertad hay presos declarados culpables de ordenar o llevar a cabo ataques contra población civil israelí.
El Tribunal Superior de Justicia de Israel desestimó ayer los recursos contra las excarcelaciones presentados por organizaciones y familias israelíes que se oponen al acuerdo. Está previsto que otros 550 presos, que aún no han sido identificados, queden en libertad en un plazo de dos meses, en la segunda fase del acuerdo.
De las personas que han quedado hoy en libertad, 217 regresarán sin restricciones a sus hogares en la Franja de Gaza, Israel o la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental.
Otros 55 presos regresarán a sus casas en Jerusalén Oriental u otras zonas de Cisjordania en virtud de un “acuerdo de seguridad” que restringirá su libertad de circulación y los someterá a vigilancia periódica por parte de las autoridades israelíes.
Por otra parte, 164 presos de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, serán trasladados a la Franja de Gaza. Según el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí, 18 de ellos serán trasladados por un periodo de tres años; no está claro si a los 146 restantes se les permitirá regresar con sus familias ni cuándo podrán hacerlo en caso de que así suceda.
Aunque Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza gozan de reconocimiento internacional como una única unidad territorial, con arreglo a los Acuerdos de Oslo y al derecho internacional humanitario, las autoridades israelíes no permiten que la población palestina que vive en la Franja de Gaza acceda a Cisjordania ni tampoco al contrario. Por lo tanto, con esta medida se cortará completamente el contacto entre estos palestinos y sus familias, al no tener la posibilidad de realizar visitas.
Por último, 41 presos, incluida una mujer, serán exiliados en el extranjero. La mayoría están condenados a cadena perpetua. No está claro si se trata de un exilio permanente o si en el futuro se les permitirá regresar a sus hogares en los TPO.
El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe a la potencia ocupante el traslado forzoso o la deportación de personas desde el territorio ocupado. Si los presos que van a ser exiliados al extranjero o trasladados a Gaza desde Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, no han dado su consentimiento, Israel estaría incumpliendo las obligaciones que tiene contraídas con arreglo al derecho internacional humanitario.
El Estado español debe cumplir sus compromisos y acoger a algunas de estas personas. Los países europeos han negado lamentablemente la ayuda a los miles de personas refugiadas, en su mayoría africanas, atrapadas cerca de las fronteras de Libia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
En “Europa, es hora de actuar”, la organización critica enérgicamente a los gobiernos de la UE por no ofrecer reasentamiento a los 5.000 refugiados –según estimaciones– que sufrirían persecución o situaciones de conflicto de ser devueltos a sus países y que actualmente viven en condiciones atroces en las fronteras de Libia con Egipto y Túnez.
“Hemos sido testigos de una pésima respuesta a la situación de las personas refugiadas que se encuentran desplazadas a las puertas de Europa”, ha manifestado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Esta negación de la ayuda resulta especialmente flagrante habida cuenta de que algunos países europeos, al participar en las operaciones de la OTAN en Libia, han sido parte en el mismo conflicto que se ha convertido una de las causas principales del desplazamiento involuntario de personas.”
“Los ministros del Interior de la UE deben abordar urgentemente la cuestión del reasentamiento. Pueden empezar por situar esta cuestión en un lugar destacado del orden del día del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores, que se reunirá el 22 de septiembre.”
Un millar de personas, entre ellas eritreos, etíopes, iraquíes, marfilenses, palestinos, somalíes y sudaneses, se encuentran atrapadas en el puesto fronterizo de Saloum, en Egipto. La mayoría duermen en tiendas improvisadas hechas con mantas y plásticos. Dos grandes tiendas albergan a las mujeres y los niños. Mientras tanto, en el campo de Choucha, en Túnez, unas 3.800 personas refugiadas y solicitantes de asilo viven en una zona desértica aislada en duras condiciones. Un sudanés dijo a Amnistía Internacional: “Los seres humanos necesitan dignidad y libertad. Pero en Sudán no hay libertad, y aquí no hay dignidad”.
Las personas refugiadas que se encuentran en Túnez y Egipto no pueden regresar a sus países porque correrían un peligro real de persecución o de sufrir graves daños, ya sea por ataques deliberados o por la violencia indiscriminada derivada de los actuales conflictos.
El regreso a Libia –un país que en estos momentos no puede ofrecer una protección adecuada a los refugiados– tampoco es una opción.
Amnistía Internacional ha documentado cómo, cuando estalló el conflicto en febrero, los combatientes contrarios a Gadafi atacaron a subsaharianos a los que acusaban de ser mercenarios de Gadafi.
Cuando Bengasi y otras ciudades orientales cayeron bajo el control de la Coalición Nacional de Transición, las fuerzas contrarias a Gadafi llevaron a cabo registros domiciliarios y perpetraron homicidios y otros ataques violentos contra soldados de Gadafi, contra personas leales al gobierno y contra subsaharianos sospechosos de ser mercenarios.
Amnistía Internacional cree que las personas del África subsahariana que se encuentran en Libia corren grave peligro de sufrir abusos y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas contrarias a Gadafi. La semana pasada, la organización publicó un informe en el que pedía a la Coalición Nacional de Transición que tomara más medidas para proteger a estas personas frente a represalias.
El Gobierno español debe cumplir sus compromisos y acoger a algunos refugiados. Australia, Canadá y Estados Unidos se han ofrecido para reasentar a algunas de las personas refugiadas atrapadas en las fronteras de Libia. Sin embargo, sólo ocho países europeos han ofrecido ayuda, y entre todos suman menos de 700 plazas. España se comprometió a reasentar entre 75 y 100 personas, pero todavía no ha acogido a ninguna. Por este motivo, Amnistía Internacional va a poner en marcha una acción de envío de cartas al Ministerio del Interior, a través de www.actuaconamnistia.org para que, conforme a lo establecido en la Ley de Asilo, asuma su responsabilidad de reasentar a los refugiados que huyen de Libia.
Ante esta crisis humanitaria, el gobierno español tiene una gran oportunidad de mostrar su solidaridad internacional en defensa de los derechos de las personas refugiadas.
Empujados por la desesperación, cada vez más refugiados están optando por regresar a Libia para tratar de embarcar rumbo a Europa en un peligroso viaje por mar que, según se cree, se ha cobrado más de 1.500 vidas desde que estalló el conflicto en Libia.
Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional, y especialmente a los Estados miembros de la UE, que comparta la responsabilidad de reasentar a las personas refugiadas que huyen de Libia.
Según la organización, para hacer frente a esta emergencia los países que ofrezcan reasentamiento deben ofrecer cobijo a un número mayor de personas de lo establecido por las cuotas anuales existentes, con el fin de no agotar las plazas, tan necesarias, en otros lugares.
“Estas personas atrapadas en las fronteras de Libia se encuentran entre la espada y la pared”, ha manifestado Nicholas Beger. “Es hora de que la UE asuma la responsabilidad de esta crisis.”
El informe Europa, es hora de actuar: Personas refugiadas obligadas a huir de Libia precisan reasentamiento urgente se basa en las visitas realizadas por delegaciones de Amnistía Internacional en junio y julio al campo de refugiados de Choucha, en Túnez, y al puesto fronterizo de Saloum, en Egipto.
Reasentamiento: El ACNUR define el reasentamiento como la selección y transferencia de refugiados desde un Estado en el cual ellos han buscado protección a un tercer Estado que ha aceptado admitirles –como refugiados– con estatuto de residencia permanente.
Hace 22 años que el Ejército Popular de Liberación disparó contra manifestantes pacíficos en Pekín y otras ciudades, matando a centenares, si no miles, de estudiantes y simples ciudadanos que se habían congregado en demanda de un gobierno más abierto y receptivo.
En los dos decenios transcurridos desde la fuerte represión de los manifestantes desarmados, el gobierno chino se ha desentendido de todo llamamiento que se le hecho para que ofrezca una explicación más transparente y sincera de lo ocurrido en la plaza de Tiananmen y sus alrededores el 3 y el 4 de junio. Lo que muchas personas llaman “matanza”, es calificado ahora por el Partido Comunista Chino de simples “disturbios políticos”. Esta semana, China ha abierto sus archivos nacionales secretos, pero ha justificado la necesidad de mantener en secreto todo documento histórico sobre la plaza de Tiananmen (y otros desagradables disturbios) para no dañar la “intimidad” o la “reputación” de nadie.
Pero las brutales tácticas y las subsiguientes medidas represivas aplicadas por el gobierno para suprimir el movimiento prodemocrático de 1989 dirigido por los estudiantes no son sólo historia. Son una herramienta permanente, utilizada para eliminar incluso la posibilidad de cuestionar el monopolio del poder del Partido Comunista. Su uso menoscaba de manera habitual la libertad de expresión, asociación y reunión, proclamada en la propia Constitución china.
Recientemente, el gobierno ha respondido a los alzamientos populares de Oriente Medio y el Norte de África intimidando, amenazando o deteniendo a toda persona que le parece potencialmente capaz criticarlo abiertamente.
Desde finales de febrero, Amnistía Internacional ha documentado más de 130 casos de activistas, blogueros, abogados y otras personas que han sido detenidos por la policía, sometidos a seguimiento e intimidaciones por las fuerzas de seguridad o desaparecido. Algunas de estas personas son veteranos del movimiento estudiantil prodemocrático de 1989 que han vuelto a ser víctimas de persecución. Muchas se enfrentan a cargos imprecisos y potencialmente adaptables a cada caso relacionados con la “incitación a la subversión”, como los "cargos contrarrevolucionarios" que se utilizaron ya ampliamente en la represión de 1989. Entre ellas se encuentran:
El gobierno chino utiliza cada vez más el cargo de “incitar a la subversión del poder del Estado” para encarcelar a sus detractores. El Nobel de la Paz Liu Xiaobo y el activista Liu Xianbin, que participaron en la redacción de la Carta 08, manifiesto político en el que se pide un cambio político en China, están cumpliendo 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por incitar a la subversión. Ambos habían cumplido ya penas de cárcel anteriormente por su participación en el movimiento estudiantil de 1989.
Otras personas acusadas últimamente de incitar a la subversión son el activista Hu Jun y el escritor Ran Yunfei.
