Intervención en el pleno del Senado, 21 de noviembre de 2013.

Gràcies, senyor president.

Señorías, quiero empezar mi intervención expresando mi simpatía y reconocimiento al trabajo que ha hecho la senadora Amalur Mendizábal en el proyecto de la LOMCE. Amaiur, señorías, está donde debe estar, en un Parlamento discutiendo pacífica y democráticamente. Intentar arrinconar a Amaiur es una irresponsabilidad y un error gravísimo por parte de cualquier demócrata. Creo, señorías, que con el tiempo todo se andará, el tiempo irá cerrando y solucionando muchos de los problemas que aún están hoy presentes, pero quisiera recordarle al señor Peral, que hoy no está, pero al que espero que alguno de ustedes le transmita mis palabras, que recuerde la paciencia que tuvimos los demócratas con los franquistas en la transición. Se lo digo porque hace un tipo de intervenciones que, de verdad, ni ayudan ni aportan nada positivo.

Voy a entrar ya en la presentación de veto. Quisiera empezar diciendo que este Gobierno tiene una gran habilidad utilizada con frecuencia en esta Legislatura; la de lanzar una afirmación, casi siempre media verdad y casi siempre toda mentira, para luego justificar sus iniciativas. ¿Cuál es la utilizada para justificar este proyecto de ley? Nos dice el Gobierno del Partido Popular: Para impulsar la competitividad de la economía española necesitamos eliminar trabas administrativas y barreras burocráticas. El mercado nacional está compuesto por 17 estructuras normativas diferentes, lo que obliga a las empresas que quieran operar en toda España a someterse a diferentes requisitos, según dónde operen; y así, a su vez, verse obligadas a adaptar sus productos y servicios según dónde comercialicen y, por último, atenerse a múltiples licencias o autorizaciones.
Para hacer más creíble esta afirmación, el señor De Guindos aportaba dos datos: el primero, de 1978 a 2011 se han aprobado en España 100 000 disposiciones normativas ― lo que no nos dice es que el 80% de estas son del Estado, de la administración central ―; y el segundo, que había identificado 2700 normas que dificultan la unidad de mercado, el 70% autonómicas. Afirmación, evidentemente, no demostrada.
Como en otras cuestiones, el Partido Popular sigue señalando a las comunidades autónomas como principales responsables de los males que nos aquejan de gobernabilidad, racionalidad y, en este caso, de competitividad.
No es un relato nuevo. En el año 2007, la FAES publicó un informe en el que expresaba con meridiana claridad lo que hoy es la agenda política de este Gobierno y, muy en concreto, este proyecto de ley. En ese informe se afirma:

-          La existencia de dos principios en conflicto; el de la unidad de mercado y el de la autonomía política de los territorios. Cuestión ésta ya resuelta por el Tribunal Constitucional.
-           La multiplicidad de administraciones y el aumento de su producción normativa están generando una inflación regulatoria y un deterioro de la calidad de la regulación.
-           Que un proceso autonómico sin final previsible y permanentemente abierto, está derivando en la deconstrucción del Estado y en la erosión de la unidad de mercado mediante el establecimiento gradual, sistemático y progresivo, de barreras. Barreras emocionales y psicológicas, barreras educativas y culturales, y barreras legales y regulatorias.
-          Para política comercial, el desarrollo autonómico se ha convertido en el principal obstáculo de su liberalización;
-          Que el Estado autonómico se nos ha escapado de las manos y está erosionando las bases de crecimiento futuro.
-           La unidad de mercado ha de convertirse en prioridad política en España.
-           Y, por último, que la España de las autonomías se encamina hacia un problema institucional y se hace necesaria una ley de coordinación entre las administraciones públicas que reconozca la supremacía del poder central.

Disculpen el resumen, pero creo que es muy clarificador conocer cuáles son las fuentes que inspiran este proyecto de ley y con qué intenciones se elabora este.
Otros autores, en la misma línea, afirman que el principio de unidad de mercado es una de las expresiones de la unidad nacional.
Señorías, este es el discurso ideológico que sustenta este proyecto de ley.
No está de más empezar la justificación del veto que presentamos el senador Saura y yo, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, con una afirmación: la Constitución española no establece un orden jerárquico entre las administraciones, define diferentes órdenes competenciales para cada una de ellas.

¿Hay en España una sobreabundancia normativa? Sí, y su principal responsable es la administración central. No está de más recordar que las competencias en materia de derecho de sociedades son del Estado y que el derecho mercantil es una competencia exclusiva del Estado con la excepción de la legislación cooperativa. Existe una sobreabundancia normativa, sí, pero agravada por la escasísima cultura de cooperación institucional y por los escasos mecanismos para propiciarla. El senador Saura y yo no nos oponemos, todo lo contrario, a la existencia de espacios de cooperación institucional.

¿Son las comunidades autónomas responsables principales de esta pérdida de competitividad por un exceso normativo, duplicidades y la existencia de normas contradictorias? No. Es una acusación basada en el más puro ideologismo y que forma parte del actual discurso del Partido Popular de imputar a las comunidades autónomas la mayoría de nuestros males.

Señorías, los retos para la mejora de nuestra competitividad no pasan ni de lejos por la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Son otros los problemas, pero no creo que sea conveniente discutirlos ahora, pero habría que hablar del tamaño de las empresas, de investigación, formación, educación, inversión, etcétera. Por ello, creo que es inaceptable esta imputación. Lo razonable sería, desde la lealtad institucional y desde el respeto a la Constitución, dejar que las comunidades autónomas ejercieran sus competencias, que dictaran en ese marco sus normas y que quedara para los ciudadanos la valoración o no del acierto de sus Gobiernos y, para el Tribunal Constitucional, aquellos aspectos de conflicto de competencias.

España es un Estado compuesto. Creer que habrá una uniformidad regulatoria es un disparate; imputar a la descentralización política la pérdida de competitividad es otro disparate. Miren ustedes  Alemania, analicen el papel de los länder y vean cuáles son sus altos niveles de competitividad. ¿Qué persigue realmente este proyecto de ley? A mi entender, tres objetivos: desregular, recentralizar y uniformizar. Con este proyecto de ley —ya lo advierte el Consejo Económico y Social— ustedes están incentivando el dumping regulatorio. Propician una carrera a ver quién desregular más para hacer más atractiva la inversión en su territorio. Es una perversidad lo que plantea la ley: Un operador económico debe sacarse una licencia en cualquier CCAA y con ella puede operar en todo el estado y solo estará sujeto a la normativa de la CCAA en la que sacó la licencia. ¿Que persiguen con ello? Una puja en la desregulación entre las CCAA para atraer operadores económicos. ¿Qué CCAA atraerá más operadores económicos? Pues la que menos normas imponga a las empresas. ¿Y si una CCAA mantiene una serie de normas regulatorias, que pasará? Pues solo afectarán a las que hayan obtenido la licencia en esta CCAA. Los operadores económicos que hayan obtenido su licencia en otra CCAA podrán realizar sus actividades en esta sin verse sujetos a sus normativas.
¡Esto es dumping regulatorio!

Es un proyecto impreciso que creará inseguridad jurídica e incrementará la litigiosidad. En él se olvidan completamente de los consumidores. En definitiva, señorías, si tuviera que resumir qué se conseguirá con la aprobación de esta ley, le diría: la centralización regulatoria, no tanto a favor del Estado, sino a favor de los mercados; la uniformización en la desregulación e incentivar el dumping desregulador entre las comunidades autónomas.
Señorías, este proyecto de ley contiene elementos muy graves. Lamentablemente es una de estas leyes que pasan desapercibidas para amplios sectores de la opinión pública, pero que de ser aprobada —y lo será— tendrá un impacto muy negativo sobre nuestro modelo territorial, así como sobre las capacidades de los poderes públicos de intervenir en la economía.

Opino que muchos aspectos de este proyecto de ley son inconstitucionales. El Tribunal Constitucional en su momento ya resolverá esta cuestión respondiendo a los recursos que cuatro comunidades autónomas han anunciado que presentarán. Pero es preocupante la involución de la derecha española respecto al  modelo de Estado: creen que el uniformismo es la solución frente a la diversidad. Esta concepción es un grave error, como se ha demostrado en la historia de la España contemporánea. No sé si son conscientes de la sostenida campaña de deslegitimación que la derecha, dicho así en  sentido genérico, lleva a cabo contra la descentralización política del Estado que se inicia con la Constitución de 1978. Ustedes han hecho sinónimo de la existencia de las comunidades autónomas: barullo, caos, despilfarro, obsesión normativa…, y con esta ley se las acusa también —esto sí, sin demostrarlo— de ser un obstáculo para nuestra competitividad. Para ustedes la existencia de diferentes lenguas y la exigencia de etiquetaje en las lenguas cooficiales es un obstáculo.

Afrontamos una política involutiva respecto al modelo territorial que alienta en Cataluña: evidentemente, la idea de que es mejor marcharse y cuanto antes mejor. A estas alturas no sé cómo terminará el conflicto de relaciones, pero lo que sí tengo claro es que la única España posible, la única España viable, es la España plural.
Este proyecto de ley también bebe directamente de las esencias más puras del neoliberalismo, lo que significará un paso de gigante la desregulación de nuestro mercado interno.

Señorías del PP, ¿qué modelo de sociedad quieren construir? Porque según sea la respuesta así conformarán el modelo económico.  A estas alturas aún no hemos aprendido que es imposible que los mercados se autorregulen. Decían los expertos al inicio de la crisis, que ya se veía que en España iba ser larga y durísima, que uno de los aspectos más importantes para la salida de la misma era crear las bases para evitar repetir los errores que nos habían llevado a ella.

Leyendo este proyecto de ley queda claro que el Gobierno del PP se empecina en repetir los mismos errores. Regular no es sinónimo de entorpecer la economía, sino de marcar unos límites fiscales, laborales, ambientales, etcétera. El interés general y su defensa no es un obstáculo para la competitividad, creer lo contrario es volver al capitalismo salvaje, a la ley de la selva, al darwinismo social. Esto explica que los ciudadanos, ni en su condición de consumidores o usuarios, vean reflejados sus derechos e intereses en el proyecto.

Señorías, para el Gobierno del PP se incrementan los factores que frenan la competitividad de nuestra economía: salarios, impuestos, derechos laborales, derechos sindicales, limitaciones medioambientales…, y hoy añaden otro factor, que según su interpretación, frena nuestra competitividad: la capacidad normativa de las comunidades autónomas y de los entes locales. La paradoja es que en los países con mayor regulación, mayor protección social, fiscalidad, respeto al  medioambiente y garantía de la igualdad de oportunidades, son los más competitivos.

Termino diciendo que este Pleno del Senado pasará a la historia. En él vamos a aprobar tres leyes desastrosas: la LOMCE, la unidad de mercado y la de evaluación ambiental. Estas tres leyes resumen las políticas  y la ideología del PP. La Ley de la Transparencia, aprobada ayer, refleja su cinismo. Hay que combatir esta ideología, una buena manera de empezar es votando este veto que presentamos el senador Saura y yo mismo.

Gràcies por la seva atenció; gràcies, senyor president.