Cada vez son más las personas y organizaciones que defienden la sanidad pública y denuncian que las últimas propuestas fiscales de Montoro se traducirán en nuevos recortes en sanidad. Unos recortes a dos bandas, con “efecto tijera”: por una parte, el aumento del tipo de IVA para determinados productos sanitarios y, por otra, la reducción del impuesto de la renta para “determinadas” personas físicas.
Si sobre esta segunda medida bailan las cifras de impacto sobre las rentas medias mientras todos los expertos coinciden en los substanciales ahorros para las rentas más altas, pocas dudas caben de que el incremento del IVA sanitario afecta directamente los presupuestos de los Hospitales y Centros de Salud públicos. Deberán pagar un mayor IVA para muchos de productos necesarios, sin que se compense esta subida con un crédito suplementario. Esto significa, a fin de cuentas, mayor gasto con el mismo presupuesto. O también, que el IVA sanitario signifique, desde la sanidad pública, mayores ingresos para Hacienda mientras los Presupuestos públicos para sanidad disminuyen. La cuadratura del círculo del cinismo que puede servir de base falaz para nuevos repagos.
Julián Pérez Garcia en Acta Sanitaria nos recuerda que es el presupuesto de sanidad representa entre el 34% y el 40% de los presupuestos de las CCAA, y por ello la rebaja de ingresos fiscales por la menor recaudación del IRPF en determinadas rentas va a afectar a los presupuestos en negativo. Y no parece que pueda ser de otro modo porque pocos economistas coinciden con Montoro en los efectos mágicos en reactivación de su reforma fiscal. Por tanto, volverá de nuevo a pedirse “a los gestores sanitarios, a los profesionales de la salud y a la población usuaria de la sanidad pública que se sacrifiquen para que otros puedan seguir viviendo sin que les afecte la crisis“. Y de nuevo se lesionarán gravemente los derechos laborales y los derechos ciudadanos y humanos… Hasta que ya no lo toleremos. O hasta que se llegue al límite de la barbarie.
Las medidas fiscales de Montoro, sigue diciéndonos Pérez García, “no preocupan a los gestores bancarios, ni a los gestores de patrimonios o de fortunas (ni grandes ni pequeñas) ya que no se grava el capital o el patrimonio”. Pero sí deberían preocupar a toda la sociedad en la medida que se penaliza la equidad y el acceso a los bienes y servicios más necesarios para la gente más desfavorecida, con el empeoramiento de la atención en el sector sanitario.
El panorama empeora si recordamos las exigencias de la UE para que los dos próximos ejercicios de 2015 y 2016 el déficit público no sobrepase el 4,2% y el 3% respectivamente, lo cual (si no cambian los signos de los tiempos) sólo puede significar un panorama más desolador para la sanidad pública. Y más si no cerramos los ojos a la realidad y asumimos (como ya nos enseñó la Crisis de 1929) que con un descalabro económico de tal magnitud y la total inoperancia de los políticos para atender a la gente más afectada, el gasto sanitario deberá incrementarse por las tensiones que se incrementan en salud mental, violencia de género, desnutrición infantil, infecciones y suicidios.
Lo que los expertos anuncian, desde distinto signo ideológico, es que los indicadores de salud de los que tanto nos enorgullecemos van a sufrir (si no están sufriendo ya) un profundo deterioro, por lo que a pesar -o a causa- de las nuevas tijeras de Montoro, se producirá un mayor gasto sanitario.
Y a pesar de los argumentos expuestos, no se pierdan la denuncia que hoy se recoge en el blog de Dempeus per la salut pública en el sentido de que “Una casta profesional apoya la privatización del sistema sanitario público”. Una denuncia que ya iniciamos en estas páginas con la Denuncia del Club Gertech y las nuevas vías privatizadoras de la sanidad.
