Cuando me preguntó Jessica Mouzo Quintans, periodista de la edición de Catalunya de El Pais, sobre el futuro de las listas de espera, le dije algo muy obvio: que era imposible que se pudieran reducir cuando se están cerrando camas. Y más cuando este recorte en algo tan básico en un hospital, se acompaña de cierres de quirófanos y servicios y las recomendaciones abiertas, o los traslados semi-forzados, a otras entidades de la sanidad privada. La rueda de la sanidad la giran los que deberían defender la sanidad pública y el bien común hacia empresas con fines de lucro, donde los incrementos de morbilidad y mortalidad que presentan parecen considerarse “gajes del oficio”. Las “derivaciones” nos salen muy caras en salud.

Veo luego, en el artículo ya publicado, que mi respuesta coincide con las que han dado otras portavoces de entidades de defensa de la sanidad pública e incluso las opiniones del Síndic, a pesar que desde la Generalitat se ha apremiado a los hospitales para que aumenten las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria —que no requiere ingreso— para llegar a fin de año sin retrasos en las 14 garantizadas.

Pero no todo puede ser “cirugía ambulatoria” y menos cuando los reingresos por este motivo (que los hay) se acumulan en unas urgencias colapsadas. Los profesionales sanitarios auguran que la reducción de la actividad quirúrgica programada durante el verano, sumada al colapso de las urgencias de los hospitales en las últimas semanas y el cierre de camas, agudizarán las demoras en muchas intervenciones, como una pescadilla mordiéndose la cola, porque por otro lado Salud ya admitió que este verano dejará sin servicio hasta 3.100 plazas en agosto. Y entonces queda claro que lo que decíamos desde Dempeus per la Salut Pública es una triste realidad “Es imposible que se puedan reducir las listas cuando están cerrando camas”…

Marian Rodriguez, de la Plataforma de Afectados por los Recortes en Salud (PARS) reitera que deriar intervenciones a los centros con ánimo de lucro es la salida por la que ha optado el consejero de salud, Boi Ruiz, para reducir las listas y denuncia que “el supuesto intento de disminuir las cifras se hace vía derivaciones a la privada mientras cierran recursos en la pública”.

Y luego vienen las sugerencias envenenadas e indignas, como la que le hicieron a Enrique Cruciani, de 30 años, que lleva más de un año a la espera de un recambio de válvula aórtica y a quien una médica (?) sugirió: ‘si tiene mucha prisa, por 15.000 euros le operan en cualquier clínica privada’ porque la cirugía valvular tenía a finales de 2013 más de 600 personas en espera y un tiempo medio de retraso de cinco meses.

Si una operación de curugía valvular significa estas demoras, no puede extrañar que a Mercedes Jiménez le tocara esperar más de cinco años por una fijación en el tobillo. Pero el daño, el dolor y el miedo es de cada persona enferma en una lista de espera, y junto con el personal sanitario denuncian su “perversión”. “Los retrasos hacen que la gente pida préstamos para ir a operarse a la privada”, señala Mansergas. Pero ello supone no sólo abandonar nuestros derechos, sino dejar que logren su saqueo por los medios más abyectos: jugando con el dolor y el miedo de las personas. Y no hay que seguirles el juego, porque no sólo pisotean nuestro derecho a la salud: acaban, en demasiados casos, con nuestra vida.

Y si creen que exagero y quieren saber más, lean el testimonio de Pepa Roma y las tristes consecuencias de la sanidad del “todo a cien” de Cospedal.