El creciente número de casos de personas trasplantadas de riñón que han visto reducido el grado de discapacidad por debajo del límite legal del 33 % ha hecho saltar las alarmas en la Federación Nacional de Asociaciones ALCER.
Las personas trasplantadas de riñón se ven perjudicados de manera drástica con el actual baremo del grado de discapacidad, ya que de forma errónea se considera a estos pacientes como personas curadas, cuando por todos los profesionales de la nefrología es considerado como un tratamiento sustitutivo. En el caso del trasplantado/a renal, sea cual fuere la técnica de tratamiento renal sustitutivo en la que haya estado previamente (Diálisis peritoneal, Hemodiálisis, etc.), sufre una serie de patologías asociadas que hay que tener en cuenta, ya que siguen estando latentes, ya que la gran mayoría de ellas son de carácter irreversible siendo propiciadas por el tratamiento inmunosupresor.
Aunque el actual baremo date del año 1999 y que este problema persiste desde entonces, es ahora cuando las diferentes interpretaciones del mismo por parte de los equipos de valoración de las respectivas Comunidades Autónomas, está creando más reducciones y, por tanto, más afectados por ello.
Conscientes de ello, hoy una representación de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER compuesta por su presidente (Jesús Molinuevo), su secretario (Rafael Rodríguez), el director general (Juan Carlos Julián) y la responsable del área de empleo (Sara Muñoz); mantendrán una reunión en la sede del IMSERSO con D. Rafael Beitia Alcalde, Subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación y Dña. Arantzazu Cabello López adjunta a la directora y jefa del gabinete.
La persona trasplantada “no es un paciente exento de morbilidad, ya que continúa necesitando control médico especializado y frecuente. El paciente está sometido continuamente a una medicación inmunosupresora no exenta de efectos secundarios, y a una serie de complicaciones médicas (patologías derivadas de la enfermedad renal o del tratamiento de diálisis), que son habituales en él”, confirma el presidente de ALCER.
Cabe destacar que la mayor parte de estas personas desempeñan una actividad laboral condicionada a su enfermedad y discapacidad. Cuando se realiza el trasplante el enfermo continúa manteniendo su formación inicial y su experiencia profesional, por lo que privarles, o no concederles la condición de persona con discapacidad equivale a “despojarles” de la posibilidad de mantener o lograr un puesto de trabajo. Se les obliga a permanecer en un mercado laboral, en el que no están preparados para reiniciar su vida, bien por ser personas de una cierta edad y con cargas familiares, o por su formación y experiencia profesional, condicionada a su vez por la incapacidad que en su día les produjo su enfermedad, para obtener una formación y cualificación adecuada.
