Publicat al diari digital Público el 28 d’abril de 2014.
Me refiero, evidentemente, a la desafección de una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya hacia el actual ordenamiento constitucional votado hace casi 4 décadas y sólo por quienes hoy tienen más de 57 años. ¿Existe esa desafección? ¿Es un fenómeno pasajero? ¿Tiene solución con el mantenimiento del actual status-quo? Calibrar y valorar bien las respuestas a estos interrogantes es imprescindible si realmente se quiere dar una salida positiva al actual conflicto de relaciones entre Catalunya y el estado. Hay desafección, no es un fenómeno pasajero y apelar a la legalidad vigente no es la solución. Ignorar la ruptura emocional de una mayoría de los catalanes hacia España es un grave error. Para muchos catalanes España no es su nación, su nación es Catalunya. Así las cosas, a lo máximo que se puede aspirar es a compartir un estado común si se pactan las condiciones de un real acomodo de Catalunya en España.
Con el debate y votación, el pasado 8 de abril, en el Congreso se formalizo el anunciado rechazo a la petición del Parlament de poder realizar una consulta sobre el futuro de Catalunya. Con distintos argumentos PP y PSOE han coincidido en la misma votación; no. El único partido de ámbito estatal que ha dado su apoyo al derecho a decidir ha sido IU. Se podría afirmar que democráticamente el Congreso negaba la posibilidad de pactar la celebración de una consulta legal que el mismo Tribunal Constitucional reconocía como posible. Algunos pueden pensar que asunto votado, problema zanjado. Pues no. El problema sigue estando ahí y se va agravando. No es difícil de entender que para los sectores soberanistas la votación del Congreso se vivió como una imposición de una mayoría parlamentaria española frente a los acuerdos de otra mayoría en el Parlament de Catalunya. Estos son los efectos de la desafección, no sentirse comprometidos en un proyecto común de Estado reglado por el manto de una Constitución. El alejamiento es de tal calibre que ni la invocación a la legalidad vigente ni la apelación a la legitimidad democrática de las decisiones del Congreso, sirven para resolver el conflicto de relaciones presente. ¿Es sostenible en el tiempo la actual situación? No. Urge una solución.
¿Por qué no se autoriza una consulta legal y democrática? Porque no quiere conocerse la respuesta, que no sería otra que de rechazo a la actual situación del autogobierno de Catalunya y seguramente de una mayoría que apuesta por la independencia. ¿La actual Constitución es un escudo real para negar esta petición? No, es un escudo formal. El artículo 2 que proclama la unidad e indivisibilidad de la patria fue una exigencia en el 78 y hoy es más que nada un deseo constitucional. En el estado más plural de Europa, como muy bien recordó, en el debate en el congreso, Joan Herrera, la unidad se forja y se gana periódicamente. ¿Hay alguna constitución que contemple la separación de una de sus partes? Si, los Tratados de la Unión Europea. ¿Puede alguien imaginarse España sin Catalunya? Seguro que muchos ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado, no, pero les garantizo que una inmensa mayoría de catalanes y catalanas tampoco se imagina, ni quiere, seguir igual.
Como federalista creo que la solución es federal y que aún estamos a tiempo. ¿Federalista? Sí. Parafraseando a Indalecio Prieto cuando afirmaba que era socialista a fuer de liberal, soy federalista a fuer de izquierdista. Cuando uno pretende aportar su granito de arena a la transformación de la sociedad opino que no puede desentenderse de nada ni de nadie. La transformación social de Catalunya, la superación del actual sistema de injusticia e inequidad es una batalla imposible de ganar sin darla al igual en España y en Europa, y en una realidad globalizada, como la actual, también en el escenario internacional. Por otra parte, opino que en una realidad determinada por la globalización los necesarios procesos de agregación, que solo pueden ser viables desde una lógica federalista, forman parte del conflicto histórico. Los de segregación son conflictos corporativos.
Una solución federalista exige tener contrapartes en el estado. Hay que abrir un debate con quienes se reclaman parte del federalismo en España para decirles que una solución federalista solo será aceptada en Catalunya si incorpora el derecho a decidir. Dicho de otra manera, la relación está tan deteriorada que para poder convencer de seguir juntos, aunque solo sea funcionalmente y con pocos sentimientos por el medio, esto solo es posible si se reconoce el derecho al divorcio territorial. La relación solo se podrá reconstruir, y no será fácil, desde el reconocimiento a este derecho de separación. E insistiendo en los símiles familiares, una gran mayoría de la sociedad catalana, hoy, ya no acepta la patria potestad del estado. O bien optan por emanciparse (la independencia) o por restablecer una relación de pareja, o sea bilateral, que solo será posible reformando la Constitución.
Dialogar y consensuar una agenda común, no solo para abordar el mal llamado problema catalán, sino para abordar el fin del régimen que nace con la transición democrática, el impasse europeo y la apuesta por una salida alternativa a la crisis. El conflicto de relaciones, seguro que tiene raíces históricas, pero es indudable que se ha exacerbado con la crisis de legitimidad y la degradación de nuestro sistema democrático. Se ha radicalizado por los efectos de la crisis y las políticas de austeridad y su acompañamiento autoritario. Es pues necesario definir una agenda común que nos permita impulsar no una segunda transición sino una primera ruptura democrática con el viejo régimen, que nace con la Constitución del 1978.
