Desde la CONGDCAR – Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja – queremos agradecer, en nombre del sector de la cooperación riojana, la reciente aprobación del V Plan Director de Cooperación 2023-2026 a la propuesta presentada por la actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y, especialmente por la apuesta decidida de aumentar la Ayuda Oficial para la cooperación internacional al desarrollo hasta alcanzar el 0,7% de los presupuestos no consolidados para 2026.
Nuestro mayor deseo es que La Rioja sea consciente de los actuales retos globales y que participe de forma activa en la resolución de dichos desafíos; que trabaje profundamente, en la medida de todas sus posibilidades, para transformar las realidades injustas por un mayor bienestar y justicia globales.
Esperamos que la cooperación internacional al desarrollo tenga un papel de verdadera importancia en las propuestas políticas y que, en el partido que gobierne sea parte estratégica de sus políticas públicas. Sin esa decidida convicción por aportar compromiso, conciencia ciudadana, solidaridad y justicia desde La Rioja, desde la defensa de los Derechos Humanos y la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible, las ONGD – por sí solas – no podremos acometer semejantes cambios. Necesitamos el apoyo y la colaboración de todas las partes: de la administración pública, los medios de comunicación, la comunidad educativa de todos los ciclos y de todo el tejido económico, cultural y social riojano.
Los ejes fundamentales que atraviesan toda la cooperación internacional para el desarrollo se sustentan en la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y el respeto medioambiental por los límites de nuestro planeta, así como la coexistencia pacífica entre los pueblos, la lucha contra la desigualdad social, económica, cultural, la lucha contra la pobreza y el hambre y el acceso a la salud y a la educación básica y universal de toda la población.
Tal y como nos invoca la Agenda 2030 el desarrollo será sostenible (en lo social, lo económico y lo medioambiental) o no será. Y será de todo el PLANETA (la naturaleza y sus límites nos marcan el camino), para todas las PERSONAS (“las de aquí y las de allá”), sin DESIGUALDADES, sin POBREZA, con EDUCACIÓN, SALUD, JUSTICIA y PAZ o nos veremos abocados a crisis ecológicas y humanitarias que ya están afectando nuestras vidas y lo harán con las generaciones futuras si no hacemos nada y miramos para otro lado.
Es el momento, hoy más que nunca, de asumir estos retos, de mirarlos de frente y de sentar las bases para gestionarlos hacia el mayor bien común que esté a nuestro alcance.
Para asumir dicho reto es importante que se apueste por una Cooperación al Desarrollo como política pública de gran relevancia. El compromiso adquirido en el V Plan Director riojano de alcanzar el 0,7% de los Presupuestos Generales para 2026 es un claro ejemplo de apuesta por este sector y estaremos vigilantes de su cumplimiento durante los próximos 4 años.
La cercanía a la ciudadanía convierte a la cooperación descentralizada en un espacio privilegiado para la participación ciudadana. La ciudadanía, como un sujeto activo de las políticas públicas, es un actor clave para la construcción de soluciones.
Sin embargo, alcanzar los objetivos planteados y tener el impacto esperado en la mejora de aspectos esenciales para la vida en entornos vulnerables, educar ante las situaciones de pobreza y desigualdad y prevenir y paliar los efectos de catástrofes naturales y conflictos bélicos, requiere que se sienten las bases de unas estructuras organizativas y humanas fuertes en las instituciones y entidades encargadas de aplicar estas políticas de cooperación.
Sin las personas que constituyen la esencia de nuestras organizaciones, sin su estabilidad, formación y motivación será inviable acometer una cooperación internacional de calado, profunda, eficiente, transparente y con alto rendimiento de cuentas hacia la sociedad riojana.
Somos conscientes del tremendo desafío a nivel comunicativo que tiene la cooperación en estos tiempos que corren, pero consideramos que es una estrategia, no solamente solidaria y de justicia que nos corresponde como sociedad europea, es un compromiso asumido por nuestro país en la agenda 2030 de desarrollo sostenible y si no apostamos por el cumplimiento de los derechos humanos en todas las regiones y en todas las poblaciones del mundo, las generaciones venideras no tendrán un planeta humano, seguro y sostenible.
Cada día nos preguntamos: ¿qué mensajes debemos trasladar a una juventud riojana preocupada por su propio futuro, por vivir en un planeta habitable y sin desigualdades?
Queremos saber: ¿cómo podemos trabajar de la mano los distintos actores del sistema de la cooperación riojano (universidades, institutos, colegios, administraciones públicas, entidades y movimientos sociales) para que esta lucha, sea una prioridad de trabajo, de reflexión, de búsqueda de soluciones conjuntas, en alianzas innovadoras, creativas, que mejoren la sociedad y nos mejoren como sociedad?
Aprovechamos para decir que esperamos que los partidos políticos nos convoquen, llegado el momento, para diseñar sus políticas de cooperación internacional, que cuenten con nuestras reflexiones, experiencias, saber hacer y que nos escuchen y sepan cuáles son nuestros principales problemas.
Después de tantos años de recortes presupuestarios en materia de cooperación internacional, los últimos años de aumento no han significado una mejora sustancial del tejido asociativo riojano sino más bien lo contrario.
En este sentido, queremos destacar el impacto que genera en este tejido asociativo – fundamentalmente compuesto por voluntariado – las normativas actuales en materia de subvenciones de cooperación internacional.
Los fondos propios que consiguen las entidades riojanas con actividades destinadas a su recaudación, tales como conciertos, festivales, etcétera, no son suficientes para desarrollar proyectos de cooperación internacional con cierta profundidad; son una ayuda muy pequeña e inversamente proporcional a la logística que suponen. Por lo tanto, es importante que los fondos provenientes de la administración pública para apoyarnos se destinen, no solamente a los proyectos en sí, sino también a nuestro fortalecimiento como organizaciones.
Y esto, claramente se traduce en más PERSONAS participando de la cooperación:
PERSONAS para dirigir de forma estratégica las organizaciones y guiarlas hacia el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
PERSONAS para diseñar, ejecutar y evaluar del forma eficiente y eficaz los proyectos de cooperación internacional al desarrollo y de educación para la ciudadanía global.
PERSONAS para comunicar, con el mayor impacto posible, y motivar la participación de una sociedad repleta de noticias y de todo tipo de distracciones.
PERSONAS para colaborar con la administración pública en la mejora de las políticas de cooperación.
PERSONAS para convocar y coordinar a más personas y entidades (voluntariado, asociadas, contratadas, redes y plataformas) formarlas y motivarlas, con el fin de que puedan desplegar sus capacidades de transformación de la sociedad.
PERSONAS para captar y gestionar fondos privados…
En la Coordinadora somos conscientes de que una verdadera apuesta por la mejora, el fortalecimiento y la formación continua de las PERSONAS que hacen realidad la existencia de nuestro sector, significa una mejora inmediata de las actividades puestas en marcha y, de esta forma, de los objetivos y resultados alcanzados.
Otro hito de relevancia para los próximos años viene marcado por la necesaria reforma de la normativa en materia de subvenciones, tal y como se está emprendiendo en estos momentos en el orden nacional. Desde La Rioja nos gustaría acompañar ese proceso de la mano de los y las próximas responsables en materia de cooperación internacional.
Queremos rendir cuentas, queremos ser transparentes, queremos que, tanto la administración pública como la sociedad riojana, confíen en nuestra labor, en nuestro impacto, y nos apoyen cada vez más; para ello, necesitamos que la actual normativa sea ágil, flexible y esté adaptada a las realidades de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria; es decir, a contextos complejos y muy diferentes a las realidades españolas.
Por ello y cerrando nuestra apuesta para los próximos años, ya que se ha aprobado el aumento presupuestario de llegar al 07% en el próximo Plan Director, es que solicitamos: por un lado, que se priorice la búsqueda de soluciones tendentes a fortalecer el tejido asociativo riojano y, por otro, que se flexibilice, todo lo posible, la actual normativa en materia de subvenciones, sin menoscabar nuestro compromiso de cumplimiento de todas las normas de transparencia y rendición de cuentas.
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El nuevo Plan Director (2023-2026), fue aprobado en reunión del Consejo Regional de Cooperación de La Rioja el día 24 de marzo; a partir de un acuerdo unánime de todos los actores riojanos que conforman la cooperación riojana. Y posteriormente el día 29 de marzo, por el Consejo de Gobierno, según informó el consejero portavoz, Álex Dorado en rueda de prensa esa misma mañana. El último trámite que quedaría pendiente es su aprobación en el Parlamento de La Rioja, el cual se prevé se realice en el mes de abril.
Este V Plan Director implica construir una política de cooperación participada y consensuada con todos los agentes públicos y privados de la región; así como la ciudadanía riojana. En este Plan se pueden diferenciar nueve líneas temáticas prioritarias que son lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, la salud y el bienestar, la educación de calidad, el género, el agua y saneamiento, el trabajo decente y el crecimiento económico, la paz y la solidez institucional.
En lo relativo al aspecto presupuestario, en el último año de vigencia de este Plan (2026), el presupuesto destinado a la cooperación riojana supondrá el 0,7% del presupuesto no consolidado Autonómico, con el fin de “Alinear a La Rioja con la reciente Ley 1/2023, de 20 de febrero Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, de ámbito Estatal”. La Rioja dedica en la actualidad el 0,28% del presupuesto de la Comunidad, casi 5 millones de euros, a este concepto, con lo que la cantidad invertida dentro de tres años podría incrementarse hasta en el entorno de los 12,5 millones.
En palabras del presidente de la CONGDCAR: “Una buena noticia para el sector ya que es la 1º vez que se incluye en el Plan Director el propósito de alcanzar el 0,7, una reivindicación histórica de nuestro sector«. J. Aldao, Presidente de la CONGDCAR.
¿Qué es el 0,7?[1]
Es el porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) que cada país destina para la ayuda al desarrollo de los países empobrecidos fijado en el acuerdo de las Naciones Unidas de mayo de 1972.
1994, Acampada Torres Kio por el 0,7%
Surge de los informes de la ONU acerca de la desigualdad cada vez más creciente entre los países ricos, especialmente Europa Occidental y EEUU, y los países menos desarrollados, con el fin de que esa brecha se reduzca lo más posible.
La propuesta de destinar un % del PNB de los países ricos como ayuda oficial al desarrollo de los países más empobrecidos se remonta a finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, cuando varios informes de la ONU cuantificaron las necesidades de capital de los entonces llamados países en vías de desarrollo.
La primera formulación de un porcentaje concreto fue realizada en 1958 por el Consejo de las Iglesias que solicitó a los países ricos que destinaran el 1% de su renta nacional a la ayuda al desarrollo. En el último tramo de los años 60 se inician movimientos de reivindicación en las naciones más poderosas y se decide dar el 1% de PNB en concepto de ayuda el desarrollo para erradicar la extrema pobreza en los países empobrecidos. Este 1% se desglosó en un 0,7% público y el resto el, un 0,3% a cargo de las empresas privadas.
En España, Cuatro huelgas de hambre en los años 90 a favor del 0,7%, y una acampada masiva en el Paseo de la Castellana de Madrid y en otras ciudades del Estado español (1994), iniciaron un movimiento de conciencia social sobre las injusticias en los países más empobrecidos llamado Plataforma 0,7.
A día de hoy, el compromiso del 0,7%, asumido hace 50 años y renovado con la Agenda 2030, Solo es cumplido por 5 países: Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suecia. Ciertamente, la AOD española creció un 12,5% en términos reales[2]. Los fondos alcanzaron los 3.542 millones de dólares. Esta cifra significa que España realiza un esfuerzo del 0,25% sobre su Renta.
[1] https://www.plataforma07.org/que-es-el-07/
[2] Informe del CAD 2021
El aumento de la AOD es una buena noticia -tanto en lo que se refiere a la ayuda bilateral como a la multilateral y especialmente por la vía de las donaciones-. Por primera vez en 10 años, se sitúa por encima de los 3.400 millones de dólares (el equivalente a 3.000 millones de euros). Sin embargo, el impulso de ese crecimiento se debe a los recursos destinados a la pandemia: 456 millones de dólares. Las ONGD españolas, aglutinadas en la Coordinadora de ONGD de España, exigimos al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos en materia presupuestaria. Las instituciones no han conseguido aún recuperarse de la “década perdida” y necesitan fortalecer sus capacidades para que la nueva ley y la reforma del sistema de cooperación respondan a los retos globales que enfrentamos.
Participación de las socias de la CONGDCAR
La CONGDCAR agradece a todas las entidades socias que participaron de las reuniones y debates sobre el Borrador del Plan, que tenían por finalidad definir una postura común, redactar propuestas de mejorar, etc., ante los espacios de interlocución con el resto de los actores de la cooperación en La Rioja.
Más información:
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RESUMEN
Durante la jornada se realizó un balance de los resultados obtenido de la valoración de los proyectos presentados a las Convocatorias de Educación para la Ciudadanía Global y de Cooperación Internacional correspondientes al año 2022. Dentro de la presentación utilizada por la Consultora se realizaba una comparativa de las Convocatorias desde el año 2020.
Se mencionaron los aspectos más destacados en las siguientes fases de valoración:
Revisión de documentación administrativa/plazos/plataforma
Revisión de subvencionalidad de los gastos
Revisión técnica y económica
Dudas y dificultades de las ONGD en las siguientes fases:
Presentación de proyectos
Justificación de proyectos
Igualmente se brindaron recomendaciones generales a tomar en cuenta, por parte de las ONGD para facilitar la valoración general de los proyectos; desglose de presupuestos, detalle que facilite cálculos en presupuestos, etc.. Y para finalizar La DGCA2030, brindó información sobre las Convocatorias de proyectos 2023.
Lo más destacado es que se prevé que estas salgan publicadas en el mes de abril.
Antes de acabar la reunión se abrió un espacio para comentar la situación actual del retraso de pagos comprometidos por la administración, relacionado con las fechas de presentación de informes intermedios, sobre todo. Las ONGD presentes pudieron expresar algunos casos particulares y se trasladaron algunas recomendaciones de cara a mejorar algunas plantillas y/o formularios de presentación de proyectos. La DGCA2030 igualmente informa que están
pensando en tomar algunas medidas de cara al número de documentos que se presentan junto a las formulaciones, mejora en algunas plantillas que son conscientes generan dudas a las entidades.
Desde la CONGDCAR trasladamos aspectos generales reseñados por las socias a través del correo electrónico. Se acordó que es importante resolver lo antes posible las convocatorias de subvenciones a fin de que las entidades puedan ejecutar pronto y presentar los informes intermedios antes de la fecha tope del 30 de septiembre; ya que si dichos informes llevan al menos una incidencia lo más probable es que se apruebe dicho informe y se abone el siguiente año, por lo que ese fondo presupuestado vuelve a Hacienda y hay que volver a pedirlo.
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El impacto es enorme en una región que ya sufría múltiples crisis y que alberga miles de personas desplazadas por la guerra. Más de cuatro millones de personas ya dependían directamente de ayuda humanitaria para sobrevivir. Preocupa especialmente la ciudad de Alepo. Antes del terremoto, el apoyo internacional humanitario quedaba muy por debajo de lo que se necesitaba.
Confiamos en que ese compromiso se consolide más allá de la atención urgente requerida en este momento. La comunidad internacional debe ofrecer apoyo de manera inmediata y construir, junto a la sociedad civil, propuestas de desarrollo a largo plazo.
COLABORACIÓN CIUDADANA:
Es importantísima la solidaridad internacional y sabemos que la sociedad riojana siempre da respuesta inmediata y colabora frente a estas emergencias humanitarias. Por eso, es importante y recomendable que se apoyen las organizaciones no gubernamentales que envían en estos casos personal experimentado con formación específica en emergencias.
Por otra parte, normalmente tanto las ONGD como las agencias humanitarias, sólo solicitan apoyo económico ya que permite la compra de kits estandarizados en el propio terreno o países vecinos para garantizar su idoneidad.
AQUÍ OS DEJAMOS algunas cuestiones clave.
Nuestras ONG, en colaboración con sus socias locales, ya están atendiendo las necesidades más urgentes de la población.
ONGD DE LA CONGDCAR EN LA REGIÓN:
ONGD DE LA COORDINADORA DE ESPAÑA EN LA ZONA (además de las ya citadas):
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La criminalización de quienes defienden los derechos humanos se agudiza en todo el mundo, también en El Salvador. Los miembros de ADES tienen una larga trayectoria en la defensa del territorio en la región; fueron líderes en la construcción de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y de Metales. Ahora han sido acusados de un asesinato que tuvo lugar en la guerra civil que afectó al país hace más de 30 años; un conflicto en el que se cometieron por parte del Estado salvadoreño crímenes de lesa humanidad que aún no han sido juzgados.
Consulta el comunicado de FOCIS (Foro de organizaciones de cooperación internacional solidaria de El Salvador)
Por todo ello:
- Mostramos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares y a la comunidad de Santa Marta. También a la organización a la que pertenecen, ADES Santa Marta. Confiamos en que la situación pueda resolverse lo antes posible, con garantías legales y de respeto a los derechos humanos.
- Reconocemos a asociaciones ciudadanas como ADES como expresiones sociales imprescindibles para impulsar un proyecto integral de desarrollo en una de las regiones más empobrecidas del país. Gracias al trabajo que vienen desarrollando, se ha alcanzado uno de los índices de desarrollo humanos más alto de la zona, y niveles organizativos amplios en la defensa de los derechos humanos y del territorio.
- 31 años después de los Acuerdos de Paz, reconocemos el papel activo de líderes y lideresas de Santa Marta en garantizar la búsqueda de verdad, justicia y reparación para no repetir lo ocurrido.
- Como organizaciones de cooperación para el desarrollo que trabajamos en El Salvador desde hace décadas de la mano de la sociedad civil organizada, seguiremos difundiendo, apoyando y acompañando la defensa del territorio, de los derechos ambientales, de los derechos de las mujeres, la infancia, la población LGTBI. Apoyaremos la defensa del territorio libre de minería metálica -prohibida por ley en todo el país- y las propuestas ciudadanas para la construcción de una vida digna, justa y equitativa para la población de la zona y para todo el país en su conjunto.
- Seguiremos atentas para asegurar y demandar que las personas detenidas cuenten con un proceso transparente que respete la legalidad y las normas internacionales de derechos humanos.
- Seguimos alerta ante el posible incremento de la criminalización, persecución y/o captura de personas defensoras del territorio y organizaciones de los movimientos sociales por parte del Estado salvadoreño.
La entrada Solidaridad ante la criminalización y detención de defensores de derechos humanos en El Salvador se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
Ante los graves sucesos que están ocurriendo en Perú en el último mes, ante la represión desproporcionada de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza, nos sumamos a la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional en Perú e instamos a las autoridades a adoptar de manera urgente las medidas para prevenir más violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en el marco de manifestaciones pacíficas. Llamamos a las instancias competentes a sancionar las muertes y las respuestas violentas a la movilización ciudadana.
El Gobierno ha decretado el estado de emergencia en varias regiones del país. Tal decisión suspende derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión o la inviolabilidad del domicilio durante un mes. El inicio del paro nacional -a partir de hoy, 19 de enero- hace temer que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública empeore. Es urgente, por tanto, que se frene la escalada de represión, se inicien procesos que permitan una salida pacífica y que se promueva un amplio diálogo en el que participen todos los sectores de la sociedad peruana. Es crucial que sean atendidas las demandas democráticas de la ciudadanía.
Llamamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia y la presencia con el fin de que se respeten los derechos humanos y a apoyar todos los esfuerzos posibles hacia una salida democrática. Por nuestra parte, como organizaciones de desarrollo que trabajamos junto a cientos de organizaciones sociales peruanas, apoyamos a la sociedad civil y las comunidades que ejercen su derecho a la protesta pacífica. Seguiremos caminando de la mano de quienes defienden los derechos humanos y la democracia.
*Artículo publicado en la Coordinadora de ONG
La entrada Es urgente que se garanticen los derechos humanos en Perú se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
El objetivo de este primer encuentro ha sido sobre todo conocer cómo funciona Mindchangers, saber más sobre las entidades que formamos parte de la convocatoria y nuestros respectivos proyectos, además de profundizar en la ejecución y justificación técnica.
La formación ha empezado con una dinámica de grupo muy divertida, el “Speed dating”. Una forma original de conocer cada uno de los proyectos y las personas involucradas en ellos a través de “citas” con diferentes entidades, para después, que fuesen personas externas las que contaban nuestro proyecto.
Las entidades que formamos parte de la 2º convocatoria Mindchangers somos:
El resto de la jornada ha sido mucho más técnica. David Castillo, Coordinador de Mindchangers (CONGDCAR) nos ha hablado de la dinámica del proyecto, cómo funciona, qué se hizo el año pasado e hitos más importantes que están programados para este año 2023.
El encuentro ha continuado con la presentación de Ayoub Halym, Coordinador regional de Mindchangers (Gob de La Rioja) que ha explicado la parte de justificación y ejecución, todo el tema administrativo y burocrático. También este proyecto hace mucho hincapié en la comunicación y se han mostrado las guías que hay que seguir para crear una identidad de marca y una visión más global y conjunta.
Empieza MINDCHANGERS… preparados?? Os mantendremos al día de todo!
La entrada 1º Formación de Capacitación MINDHCHANGERS se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
En este caso, no solo la totalidad de los conocidos como «Pilares del Estado del Bienestar» (la salud, la educación, la seguridad social o los servicios sociales), sino también otras áreas como empleo o vivienda, dado que de la correcta articulación de todas ellas depende la completa integración y participación en la sociedad de todas las personas y los grupos en los que se integran, y en especial la protección de personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Así mismo, esta mesa de diálogo pretende establecer un marco institucional organizado a través del cual canalizar el diálogo entre el Gobierno de La Rioja y las entidades del Tercer Sector en La Rioja.
En el Boletín Oficial de La Rioja se especifica que “el Gobierno de La Rioja entiende conveniente establecer cauces de participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social al objeto de hacer efectiva una gobernanza pública que permita interactuar a las mismas con la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el examen, análisis, diagnóstico, planificación y propuestas de las políticas sociales”.
La Mesa de Diálogo Civil está formada por un presidente, quince vocales y una secretaría. La presidencia de la mesa será ostentada por la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, contará con siete vocales de la Administración General de la Comunidad y ocho vocales a propuesta vinculante de la entidad más representativa de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social de La Rioja.
El 19 de enero a las 11:00 horas tendrá lugar la primera reunión de esta mesa de diálogo para tratar temas como
La CONGDCAR entra a formar parte de esta mesa de diálogo ya que es un actor muy importante y relevante del tercer sector. 4 personas que forman parte de la junta directiva será miembros de esta mesa y lo harán como vocales (de los 8 que habrá en representación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social) y sus respectivos sustitutos. Estas personas son:
– D. Jorge Aldao Ceide
SUSTITUTO: Pedro Rosales González
– D. Jorge Ruiz Chicote
SUSTITUTA: Anabel Blas Montesinos
Los vocales están facultados para:
Os mantendremos al día de toda la información relativa a esta mesa de diálogo. No os lo perdáis!
La entrada creación de la Mesa de Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de La Rioja se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
Iniciamos el año 2022 con la promesa de una nueva Ley de Cooperación que consiguiera relanzar una Cooperación Española fragilizada en la última década y más necesaria que nunca. Una reforma que hiciera de la política de cooperación una herramienta eficaz para contribuir en dar respuesta a los complejos desafíos de la encrucijada civilizatoria en la que nos encontramos, con desigualdades crecientes, insostenibilidad en el uso de los recursos, conflictos enquistados y la necesidad de transformaciones de calado inmediatas.
Arrancamos entre borradores, consultas y diálogos sobre un incipiente proyecto de Ley; y terminamos en diciembre de 2022 con la aprobación en las Cortes, prácticamente por unanimidad, de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (a falta de la ratificación final en el Congreso). Permitámonos celebrarlo, al menos esta semana navideña.
Hemos participado activamente en el proceso, mucho trabajo de muchos, logrando que se hayan incluido buena parte de nuestras demandas y se haya alcanzado un clima de diálogo y concertación. Esto ha permitido hacer de esta política una política compartida, que sin perder su ambición y capacidad transformadora ha sido capaz de incluir diferentes sensibilidades y reflejar de forma nítida el apoyo social mayoritario que existe por cooperar y contribuir al bien común en el planeta que nos acoge.
Es de justicia agradecer a la administración y a los diferentes grupos políticos, a los que tan a menudo criticamos (no sin razones), por el trabajo y la disposición mostrada en todo este proceso. Como ya analizamos en los trámites previos, los avances de esta Ley son significativos y muy necesarios. Por un lado, el enfoque: una ley adaptada a los tiempos, articulada con la Agenda 2030, con vocación transformadora y enfoque feminista, integrando los desafíos ambientales y de desigualdad económica y de género. Por otro, el presupuestario: se dictamina que alcanzaremos el 0,7% antes de terminar la década y que el incremento será progresivo con compromisos plurianuales reflejados en los Planes Directores; además de incluir compromisos específicos para la Acción Humanitaria (10% de la AOD) o para la Educación para la Ciudadanía Global (a ser concretado en el Plan Director). En tercer lugar, porque apunta las reformas institucionales y reglamentarias que permitan a todos los actores de la cooperación ser más eficientes y eficaces como: la reforma de la AECID, el estatuto de la persona cooperante, el Consejo Superior de Cooperación, el real decreto de subvenciones o los instrumentos de cooperación financiera (FEDES).
El camino recorrido
2022 ha sido también el año de la aprobación de los primeros Presupuestos Generales del Estado para 2023 que marcan un cambio de tendencia en la tan castigada Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Si bien el resultado no es tan dulce como el de la Ley, los avances han sido importantes respecto a los anteriores. Parece que, aunque con sus matices, cruzaremos la línea del 0,3% de AOD. Vemos luz con el fortalecimiento presupuestario de la AECID y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Vemos luz con el refuerzo de la cooperación bilateral. Vemos luz con la consolidación del cambio de tendencia de la década pasada y el incremento de fondos para la ejecución de intervenciones de cooperación por parte de las ONGD (aunque sea tímido e inferior a sus capacidades de ejecución). Más dudas nos generan la inclusión como AOD de partidas de los Ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, que, aunque necesarias, no son propiamente de desarrollo e inflan el cálculo.
Hemos participado activamente en el proceso, mucho trabajo de muchos, logrando que se hayan incluido buena parte de nuestras demandas y se haya alcanzado un clima de diálogo y concertación
2022 también ha sido un año de intensa actividad en el Consejo de Cooperación para el Desarrollo; un año en que La Coordinadora ha tenido la responsabilidad de presidir su Comité de Seguimiento. Desde el Consejo se ha impulsado el proceso de reforma y se ha realizado un amplio número de dictámenes, informes y declaraciones de un gran nivel de calidad y consenso. Se han tratado temáticas como la cooperación financiera, la cooperación multilateral, la situación de la AOD, las orientaciones para una cooperación feminista o el concepto de coherencia de políticas; y se han realizado declaraciones sobre los sucesos de la frontera de Melilla o la guerra de Ucrania.
Pero lo importante pasadas estas fiestas ya no va a ser el Año CERO sino el año UNO. Necesitamos aprovechar este impulso y desarrollar en los próximos meses la reforma ambiciosa que proclama la Ley. Necesitamos que con la reforma de la AECID salga fortalecida en recursos humanos, técnicos y económicos, convirtiéndose en pilar básico del nuevo sistema de cooperación, en sintonía con el expertise de actores como las ONGD. Necesitamos un VI Plan Director a la altura y que introduzca por fin una planificación presupuestaria plurianual. Porque necesitamos una reforma con recursos y que los próximos presupuestos generales del Estado reflejen este incremento con una orientación coherente. Necesitamos que lo bueno del Consejo de Cooperación no se desnaturalice con el nuevo Consejo Superior; y que el nuevo Consejo sea una versión fortalecida del actual. Necesitamos que la nueva cooperación española ponga en el centro la promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como condición sine qua non para ser el centro de la acción exterior y contribuir eficazmente a la implementación de la Agenda 2030. La Presidencia Europea de España en el segundo semestre de 2023 es una oportunidad para ponerlo en práctica.
Necesitamos también llevar la voz de la cooperación a los procesos electorales locales, autonómicos, y estatales que se producirán a lo largo de 2023. Las nuevas administraciones y gobiernos resultantes deben dar un decidido paso adelante por una mayor y mejor cooperación, con la ambición que los tiempos nos exigen.
*Artículo publicado originariamente en la Coordinadora Estatal
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Artículo por Irene Bello Quintana es presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
Mucho se discutió y votó el 24 de noviembre en el Congreso; desde las primeras luces del día hasta la medianoche, fuimos testigos. Hubo de todo en abundancia, hasta despilfarro de insultos en muchas fases. Temas importantes en el orden de sesiones: los presupuestos generales del Estado, los impuestos a las energéticas, a los bancos y a las grandes fortunas, modificaciones en los delitos de sedición y… lo que la mayor parte de los medios de comunicación misteriosamente olvidaron: la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Quizás no fuera noticia porque la oposición no iba a votar en contra en bloque. Tal vez porque aparentemente no interesa, a pesar de que más del 85% de la ciudadanía la apoya. ¿Será porque una buena noticia no es noticia o porque no hemos sido capaces de explicar su relevancia?
Para medir su relevancia real debemos situarnos en el lugar en el que vivimos: el planeta Tierra, ese en el que 8.000 millones de personas están obligadas vivir en un horno global cuyas temperaturas aumentan por el empeño en utilizar de forma masiva los combustibles fósiles. Un lugar en el que el hambre, las desigualdades y la miseria aumentan. En el que se desatan incendios y conflictos por doquier, fruto de la falta de voluntad política para frenarlos o del virtuosismo para aplazar su solución indefinidamente. ¿Qué nos dice la Tierra si la escuchamos? ¡Cooperen, diablos!, respeten, cuiden, solucionen los problemas comunes, hagan de este mundo un sitio en el que valga la pena vivir.
Cooperar, la Tierra tiene razón, esa es la clave. Hace dos años, las ONG de Desarrollo elaboramos una propuesta colectiva con la intención de aportar a la construcción de Un nuevo sistema de cooperación para transformar el mundo. Hoy echamos la vista atrás y nos sentimos orgullosas porque muchas de nuestras propuestas han sido recogidas por la ley actual. Gracias a quienes han contribuido a este hacer colectivo desde el diálogo y la responsabilidad.
Esta es la primera reforma en 20 años. Si tenemos en cuenta los enormes cambios que ha sufrido el mundo en estas dos décadas, podemos concluir que ya iba siendo hora. Y lo era no solo por los compromisos internacionales asumidos, como la Agenda 2030, los acuerdos de París o la Agenda de financiación para el desarrollo; sino también porque, después de la década perdida de la cooperación (de 2010 a 2020), los mecanismos institucionales estaban muy frágiles, con grietas y desconchones; un recorte de más del 80% de la Ayuda Oficial al Desarrollo había dejado a esta política pública al borde de la desaparición.
De 2010 a 2020, un recorte de más del 80% de la Ayuda Oficial al Desarrollo había dejado a esta política pública al borde de la desaparición
¿En qué avanza esta Ley? Avanzamos en compromiso presupuestario, en visión política compartida, en el arreglo de esas grietas que estaban debilitando al sistema. Ahora bien, es solo un primer paso de un largo camino. De poco sirve una ley si no la acompañan normas que garanticen que pasa de las palabras a los hechos. Si realmente queremos andar ese camino, 2023 viene calentito; un año en el que deben desarrollarse nada más y nada menos que siete decretos y estatutos que la Ley anuncia: la reforma de la AECID, el estatuto de las personas cooperantes, el estatuto del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), el real decreto de subvenciones, el reglamento del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo, la Comisión Interministerial y la Comisión Interterritorial para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Y, además, toca elaborar el VI Plan Director de la Cooperación Española con la mayor ambición y consenso posibles. Casi nada.
Con este panorama, es fácil concluir que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar en el plato. Garantizar que todas nuestras políticas contribuyen al desarrollo es el primero de ellos: no podemos permitir que las políticas comerciales, migratorias, fiscales, militares… violen derechos humanos o maltraten al planeta; que la cooperación reme en un sentido sin que las otras le acompañen no es más que una gota en un océano inmenso. El segundo imprescindible es un presupuesto a la altura de los enormes retos que enfrentamos: estamos aún muy lejos del 0,7% y los avances son aún tibios; sin fondos suficientes, mal vamos. Y empapando todo el proceso, un último ingrediente: una dirección política ambiciosa en diálogo permanente con la sociedad. A partir de ahí, el plato puede enriquecerse y enriquecerse.
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Negociaciones, encuentros, análisis… El camino para llegar a la aprobación de la Ley de Cooperación por el Congreso ha implicado durante meses a sus principales actores. El Ministerio de Asuntos Exteriores y los partidos políticos han tenido una capacidad negociadora destacable con el fin de alcanzar acuerdos.
Celebramos que el Congreso haya respaldado la Ley de Cooperación con una amplia mayoría. Confiamos que en el Senado este apoyo pueda incluso incrementarse.
Al inicio de este proceso, La Coordinadora presentó su posición que, bajo la propuesta de las llamadas “7C de la Cooperación” demandaba una política feminista, ecologista, que fuera capaz de responder a las emergencias y violencias, que fomentara la coherencia de políticas, promover la ciudadanía global, poner en valor la cooperación descentralizada e impulsar la innovación y el aprendizaje constante.
Pasos adelante
Hoy podemos celebrar algunos avances importantes dados con esta ley:
- Se compromete con el incremento progresivo de la ayuda oficial al desarrollo para alcanzar, al menos, el 0,7% en 2030, lo que supone casi triplicar la actual.
- Se abre a la promoción de la coherencia de políticas y al análisis de sus impactos internacionales.
- Incluye los enfoques feministas y ecologistas en sus intervenciones.
- Reconoce la importancia de la educación para la ciudadanía global.
- Fortalece y facilita las articulaciones con la cooperación descentralizada.
- Se alinea nítidamente con la Agenda 2030 y los compromisos multilaterales.
- Plantea la integración de la cooperación financiera en el conjunto del sistema de cooperación alineándose a sus objetivos, estándares y formas de operar.
- Reconoce a la sociedad civil como actor fundamental y normaliza su contribución en espacios de consulta, decisión y ejecución.
- Facilitar la burocracia de los procesos de subvenciones.
- Reconoce las particularidades de la acción humanitaria, flexibiliza la territorialización de su intervención y compromete al menos un 10% del presupuesto para ello.
- Muestra una especial atención y sensibilidad por la infancia, la niñez y la adolescencia como sujetos de cooperación y transformación.
- Se compromete con una reforma en profundidad de la AECID, colocándola en el centro del sistema de cooperación y fortaleciendo sus capacidades.
- Refuerza las herramientas de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas e intervenciones de la cooperación.
- Incluye a la sociedad civil local en los procesos de elaboración de los Marcos de Asociación País.
- Anuncia un mayor reconocimiento de las personas cooperantes y una mejora de sus condiciones laborales, o la de sus voluntariados.
La Ley establece, además, la aprobación de reglamentos que son determinantes para impulsar la reforma del sistema de cooperación. El VI Plan Director de la Cooperación Española, actualmente en proceso de elaboración, es el primer ejercicio de planificación de la reforma que deberá concretar el contenido de la Ley en prioridades, líneas de acción y un presupuesto que se acerque al 0,7% de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2030.
El mismo día en el que se aprobó la Ley, se daba luz verde a los presupuestos generales del Estado para 2023. Si bien no son lo suficientemente ambiciosos, son los presupuestos más prometedores en la materia de la última década; fortalecen el peso de la AECID y muestran cierta coherencia con el proceso de reforma.
Como sociedad civil, continuaremos acompañando este proceso que es determinante para hacer frente a los enormes y complejos retos globales que enfrentamos.
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La cultura de paz frente a las violencias, la solidaridad, la sororidad y la construcción colectiva desde los feminismos son principios centrales para nosotras. Consideramos que las violencias son propias del sistema patriarcal, androcéntrico, capitalista, colonial y racista en el que vivimos. Por ello:
Túnez. El logro de una ley histórica contra la violencia de género.
Desde 2017, Túnez cuenta con una ley histórica contra la violencia de género que castiga “todas las violencias contra las mujeres”. Tras 20 años de lucha, las mujeres de Túnez, junto con organizaciones feministas tunecinas, la sociedad civil y el comité de mujeres del sindicato UGTT, lograron la aprobación unánime de una ley pionera en el mundo árabe, que persigue la eliminación de la violencia basada en la discriminación de género, las faltas de respeto a la dignidad humana y a la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de esta ley, el movimiento feminista denuncia los altos niveles de feminicidios.
Paraguay. Por nuestros derechos, contra todas las violencias. Asociaciones de mujeres como Kuña Róga y Grupo Luna Nueva ponen en valor las últimas modificaciones de la ley contra la violencia de género por las que se extiende la protección a las personas dentro del ámbito familiar y se incorporan las relaciones pasados o presentes, sin que sea requisito la convivencia. Por otra parte, exigen la aplicación urgente del Programa nacional de prevención, combate y atención a las víctimas de trata de personas con el fin de garantizar una atención integral a las víctimas.
Guatemala se moviliza en torno al lema NO NOS CALLARÁN.
Ecuador. Las colectivas feministas están impulsando el uso de mariposas con la etiqueta #NosCrecieronAlas. Con ese HT se realizará un plantón para interpelar al Gobierno sobre su falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a la creación del Ministerio de la Mujer, el fortalecimiento del Registro Único de Violencia en la Secretaría de Derechos Humanos, la declaración de esencialidad de los servicios de atención a la violencia en contra de la mujer y la calificación como política pública del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia.
Perú. La Asamblea 25N de Lima utilizará el lema: “Perú machista: nos violan, nos matan y desaparecen. #EstadoCómplice”.
Colombia. La Federación Colombiana de Educadoras (FECODE) mayor sindicato del país, en colaboración con la OIT, lanzan la campaña trabajar sin violencia ni acoso. La propuesta persigue la ratificación del Convenio 190. El Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo reconoce el derecho a disfrutar de un ambiente de trabajo sano, libre de acciones hostiles susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico en la víctima, y da cobijo a las personas que, en razón de su orientación sexual o su género, sufren violencia en el trabajo o acoso sexual; persigue erradicar las conductas que degradan la dignidad humana, el desarrollo, el bienestar y la igualdad de las personas trabajadoras en el desarrollo de sus actividades.
España. Seguimos clamando por una educación sexual integral y centrada en los buenos tratos; el fomento de otras masculinidades; la formación especializada en género orientada a profesionales de la abogacía, fiscalía, sistema judicial en su conjunto y cuerpos de seguridad; y la sensibilización desde una mirada feminista, decolonial y antirracista. Porque, “Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son la respuesta”.
El 25 de noviembre de 2022 la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja, CONGDCAR, declara mediante
la firma en el presente documento, su adhesión al Protocolo de duelo de la ciudad de Logroño en materia de violencia machista, como declaración expresa de su compromiso en la lucha por la erradicación de la violencia machista como máxima expresión de la desigualdad de género de nuestra sociedad, y se hará en el evento que se llevará a cabo en el ayuntamiento
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Del 26 al 29 de octubre, Santander será centro de debates sobre cooperación para el desarrollo. Del 26 al 28, tendrá lugar el XV Encuentro de comunidades autónomas y cooperación al desarrollo, que reúne a las direcciones de cooperación de las comunidades autónomas. El encuentro de las coordinadoras autonómicas de ONGD comenzará el día 27 y finalizará el 29.
La ocasión permitirá conocer el compromiso de los gobiernos autonómicos con esta política pública determinante para afrontar las crisis complejas que afectan a todo el planeta. Permitirá también, conocer las propuestas de las ONG de Desarrollo.
El informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo, recientemente publicado, deja claro los compromisos autonómicos con la cooperación son muy dispares y que, aún en los casos en los que mejor se encuentra esta política pública, todavía hay mucho margen de mejora.
Análisis y propuestas
El XVII Encuentro de Coordinadoras de ONGD reunirá en Santander a 40 representantes de las 17 coordinadoras autonómicas y de la estatal con el fin evaluar las acciones desarrolladas en el último año, analizar las crisis y retos -locales y mundiales- a los que se enfrentan nuestras sociedades, y definir cómo pueden afectar a las políticas públicas, en concreto, a la de cooperación.
En estos días se celebrará también en Santander el XV Encuentro de comunidades autónomas y cooperación al desarrollo, que reunirá a los máximos responsables políticos de los gobiernos regionales en materia de cooperación y ayuda de emergencia, siendo ésta de Santander la primera vez que ambos encuentros coinciden en el mismo momento y lugar.
Aprovechando esta circunstancia excepcional, el viernes 28 por la mañana se desarrollará una jornada de trabajo conjunta entre los responsables políticos y las representantes de las coordinadoras de ONGD. La jornada, que está coordinada por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, se celebra en un momento crucial puesto que se están negociando los presupuestos de las comunidades autónomas y también la nueva Ley española de Cooperación, para hacer frente de manera eficaz a las crisis presentes y futuras.
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El Gobierno de La Rioja valora muy positivamente la experiencia demostrada por la CONGDCAR y las organizaciones que la componen y estima, a la vista de su evidente exclusividad, establecer un marco amplio de colaboración.
En el marco de la Agenda 2030 y en relación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ejecución de este convenio contribuye a la satisfacción de los siguientes ODS y
metas:
Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”:
meta 1.a: Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
meta 1.b: Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.
Objetivo 4: “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”:
meta 4.7: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.
Objetivo 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”
meta 13.3: “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana”.
Objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”:
meta 16.b: “Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”.
meta 16.6: “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”.
meta 16.7: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”.
meta 16.10: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
Objetivo 17: “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”:
meta 17.2: “Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados”.
meta 17.14: “Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible”.
meta 17.16: “Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo”.
meta 17.17: “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”.
Los objetivos estratégicos de trabajo que se han elegido conjuntamente desde la CONGCAR han sido los siguientes:
OE1. Coordinación de las ONGD en La Rioja para participar de forma activa y consensuada en la renovación del sistema de cooperación riojano (Ley de Cooperación Internacional, Plan Director, Plan anual, Ayuda humanitaria…)
OE2. Fortalecimiento de las ONGD socias para favorecer su impacto en las poblaciones destinatarias de su ayuda, potenciar su visibilidad y apoyo en La Rioja y brindar herramientas para mejorar sus entidades y actuaciones
OE3. Diseñar y poner en marcha acciones conjuntas del sector de la cooperación internacional en La Rioja en materia de Educación para la Ciudadanía Global para fomentar la concienciación e implicación de la sociedad en el desarrollo sostenible global y local, con enfoque de derechos y de género.
OE4. Fortalecimiento de las alianzas y el trabajo en red con entidades sociales de orden nacional para la incidencia política y social, desde la coherencia de políticas y la promoción del voluntariado como agente de transformación social.
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La fotografía es nítida: ninguna de las comunidades autónomas alcanza el compromiso de destinar el 0,7% a la política pública de cooperación. Y no lo alcanzan en un contexto mundial en el que múltiples y complejas crisis están golpeando a millones de personas que ya vivían situaciones extremas y en el que, por tanto, la cooperación es esencial.
Si analizamos los datos con respecto al año pasado, hay dos comunidades que destacan: la Comunitat Valenciana, que aumenta un 90% su presupuesto; y Canarias, que sube los fondos un 115% (cabe destacar que, en este caso, el punto de partida era extremadamente reducido: un 0,02%). Entre los descensos más significativos se encuentran Andalucía y Castilla y León, con bajadas de más de un 30 y 40% respectivamente.
El informe ofrece información detallada por cada una de las comunidades autónomas y recuerda la relevancia de la cooperación descentralizada: una seña de identidad de nuestro país, reflejo del compromiso ciudadano con la solidaridad.
¿Qué es la cooperación descentralizada?
Es aquella que realizan los gobiernos autonómicos y entes locales como diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades. Este informe solo analiza los datos relativos a las comunidades autónomas.
Recomendaciones
La política de cooperación internacional es imprescindible en este momento. La situación ha demostrado que los sistemas de protección y los mecanismos de resiliencia son fundamentales para superar las múltiples crisis globales que sufrimos. Es urgente apostar por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y por un enfoque ecologista y feminista que den respuesta a los complejos retos que enfrentamos.
El informe apunta recomendaciones para fortalecer la cooperación desde las autonomías:
1. Fortalecer el compromiso de AOD:
2. Impulsar el alineamiento de la AOD descentralizada con los principios internacionales de eficacia. Debe fortalecerse la coordinación y la complementariedad entre los distintos niveles de la administración autonómica.
3. Reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, actores clave para dar las respuestas más adecuadas a las necesidades.
4. Dotar a la política de cooperación descentralizada de instrumentos de planificación adecuados que mejoren la eficacia y eficiencia de los recursos. Acordar esos instrumentos con los actores implicados.
5. Garantizar capacidades adecuadas y personal suficiente, formado y estable.
Puedes descargarte el informe completo aquí.
*Publicado originalmente en la web de la Coordinadora Estatal
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Esta nueva Ley viene a reemplazar la anterior, aprobada en 1998, la cual quedó ya desfasada por las grandes transformaciones globales de los últimos 20 años, así como por importantísimos acuerdos internacionales, como la Agenda 2030 – aprobada por la totalidad de los países del mundo – y que aspira a alcanzar unos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, necesarios para tornar el mundo más justo y sostenible, entre otros. Además, establece el compromiso de destinar 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el 10% a acción humanitaria. En este sentido, cabe recordar que España continúa en la cola de Europa en materia de cooperación, llegando apenas al 0,25% frente a la media europea que se sitúa en el 0,49%.
Para el sector de las ONG de Desarrollo de España y de La Rioja, esta nueva Ley representa una oportunidad para promover la justicia global y de género, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz. Hay que tener en cuenta, que el texto de la Ley ha sido fruto de un intenso proceso participativo y de un importante debate de todos los sectores.
Esta Ley permitirá contar con herramientas eficaces de gestión para atender los graves problemas de ámbito global (cambio climático, migraciones, desigualdad y pobreza, etc) en coordinación con el resto de los países europeos e instituciones multilaterales de desarrollo, Y, sobre todo, obtener – como sociedad – el beneficio inmaterial del esfuerzo que realizamos de solidaridad internacional.
En La Rioja, nuestro sector afrontará en los próximos meses el desafío de elaborar un Plan Director, el V ya, que nos permitirá seguir avanzando en una cooperación eficaz para defender los derechos humanos en cada rincón del planeta y conseguir concienciar a la sociedad sobre el papel que tiene y cómo puede apoyar este esfuerzo en su día a día.
Animamos a todas las entidades e instituciones con responsabilidad social, comprometidas con la justicia y la defensa de las personas y de la equidad, en todas partes del mundo, a que se sumen a nuestros debates y reflexiones, para desarrollar conjuntamente la mejor hoja de ruta posible para aportar nuestro grano de arena como región, en el mundo.
La entrada Nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
En el día de las personas cooperantes, recorremos algunos de los países en los que trabajan nuestras organizaciones: Colombia, Ucrania, Mozambique y Centroamérica. Desde allá, nos explican el contexto en el que actúan y sus demandas para el nuevo Estatuto de las personas cooperantes.
La persecución del trabajo que realizan las ONG de Desarrollo está aumentando en todo el mundo. Países como Nicaragua, Israel, Filipinas, Guatemala o Guinea Ecuatorial han aprobado leyes que limitan, persiguen e incluso expulsan a organizaciones de la sociedad civil. Como consecuencia, miles de personas han quedado sin el apoyo que recibían para garantizar condiciones básicas de vida.
En plena reforma del sistema de cooperación y en un contexto mundial muy complejo, es crucial asegurar un Estatuto que garantice plenamente los derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria.
A las puertas de los presupuestos generales para 2023, el Gobierno debe cumplir su compromiso de garantizar el 0,5% para final de la legislatura.
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El siglo XXI avanza plagado de múltiples y complejas crisis; las consecuencias sobre la vida de millones de personas son enormes, especialmente para quienes ya vivían en situaciones de vulnerabilidad extrema. Si algo debería dejarnos claro esta época es la urgente necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen los derechos humanos, la paz, la protección del medioambiente y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Una de esas políticas, sin duda, es la cooperación.
Nos encontramos en plena reforma del sistema de cooperación. Este momento debería ser aprovechado para garantizar un sistema que responda con rigor y responsabilidad a los enormes desafíos que enfrentamos. Eso pasa, necesariamente, por asegurar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la agenda feminista y ecologista, el respeto a los derechos humanos y la defensa del espacio cívico y democrático son los objetivos centrales. Exige también contar con un presupuesto a la altura de tales desafíos. El Gobierno de coalición se comprometió a dejar atrás la “década perdida de la cooperación” y a alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. Los próximos presupuestos generales del Estado serán una buena oportunidad para demostrar el cumplimiento de tales compromisos.
La necesidad de garantizar derechos a las personas cooperantes
La nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global verá la luz previsiblemente antes de finalizar el año. Una de las importantes piezas del desarrollo legislativo posterior es el Estatuto de las personas cooperantes que sustituirá al de 2006. Desde entonces, muchas cuestiones que condicionan nuestro trabajo han cambiado, por eso es imprescindible que se dé respuesta a los retos que enfrentan actualmente los y las cooperantes.
¿A quién afecta este Estatuto? Afecta a las personas que se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria fuera de nuestro país. Eso incluye a quienes trabajan en ONG de Desarrollo, pero también a personas que trabajan en organismos públicos o privados dedicados a estos fines. Según datos de la AECID, son unas 2.700 personas.
| Cooperantes en nuestras organizaciones Riojanas
Según el último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo, 40 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones; 28 de ellas son mujeres. Recuerdan que es clave garantizar los derechos laborales y la protección de las personas que trabajan en cooperación y ayuda humanitaria. Una demanda que es fundamental para asegurar que realizan su trabajo en condiciones adecuadas, con menos riesgos y con el respaldo legal pertinente. |
El nuevo Estatuto debe garantizar la protección del personal humanitario en contextos que son muy inestables o en situaciones de conflicto. Además, debe facilitar los requisitos burocráticos que actualmente dificultan el acceso de cooperantes a las comunidades afectadas por las crisis. En ese sentido, debe fomentar mayor implicación de las Embajadas y de la Cooperación Española para asegurar que la situación migratoria de las personas cooperantes no es ambigua con respecto a la normativa migratoria del país en el que trabajan.
Desde la Coordinadora Estatal contamos con la experiencia de cuatro cooperantes que trabajan en distintos lugares del mundo. Analizan el contexto de la región en la que se encuentran y explican sus propuestas para el Estatuto de las personas cooperantes.
Colombia. Ignacio Diéguez Bodas, ISCOD.
CONTEXTO. Entre 1985 y 2018, según datos del informe final de la Comisión de la Verdad, se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios resultado del conflicto armado interno, en su inmensa mayoría civiles. A estas muertes hay que sumarles millones de víctimas de otras violaciones de derechos humanos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores o violencia sexual. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 han continuado los ataques y asesinatos de activistas sociales, sindicalistas, líderes y lideresas comunitarios y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, con enormes brechas entre hombres y mujeres, zonas urbanas y rurales y personas ricas y pobres.
Iscod trabaja, junto con organizaciones sindicales y ONG colombianas, en distintas regiones del país para incrementar las oportunidades socioeconómicas de la población joven, luchar contra la violencia de género y mejorar los servicios públicos y comunitarios de atención a supervivientes, con especial atención a mujeres desplazadas y al colectivo LGTBI, y para fomentar una cultura de paz con justicia social.
PROPUESTAS. Como cooperante, Diéguez demanda que las instituciones españolas cumplan con sus compromisos internacionales y apuesten por alcanzar lo antes posible el 0,7% de la RNB para AOD. Asimismo, defiende la importancia de apostar por iniciativas que fomenten la paz y el desarrollo socioeconómico justo, igualitario y sostenible. Con respecto al nuevo Estatuto de las personas cooperantes, defiende que este debería aportar mejoras en las condiciones laborales y vitales de este colectivo con medidas que apoyen la conciliación de la trayectoria profesional y familiar.
Ucrania. Imran kan, Médicos del Mundo.
CONTEXTO. La crisis humanitaria en Ucrania se ha agravado desde el pasado 24 de febrero. Los ataques han destruido viviendas e infraestructuras y han provocado un fuerte desplazamiento de la población, sobre todo en el norte, el este y el sur del país. La salud de las personas se ha visto gravemente afectada: la prestación de servicios sanitarios básicos está en peligro y la salud mental, muy deteriorada. Según estimaciones de Naciones Unidas, 12,1 millones de personas necesitan asistencia médica. El personal sanitario en primera línea corre un grave riesgo ya que se han producido más de 480 ataques a instalaciones sanitarias.
La vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y niñas y de los grupos históricamente marginados aumenta cada día. La población afectada por el conflicto tiene un acceso muy limitado a los servicios de emergencia, a la medición especializada, a la asistencia en materia de salud sexual y reproductiva. La interrupción del suministro de medicamentos, la falta de equipos, la destrucción de las farmacias y la falta de fondos agrava la situación.
Presente en Ucrania desde 2015, Médicos del Mundo presta servicios sanitarios esenciales, consumibles y equipos médicos a la población que sufre mayor vulnerabilidad.
PROPUESTAS. Para Imran kan es esencial que el Estatuto garantice la protección de los y las trabajadoras humanitarias en contextos que son muy inestables. La prevención de los incidentes de seguridad y de la violencia dirigida al personal humanitario es una necesidad primordial en un conflicto armado. Además, hay que eliminar las trabas a la expedición de visados para el personal internacional y agilizar los procedimientos burocráticos que dificultan el acceso de los y las cooperantes a las comunidades afectadas por los conflictos y las crisis. Debe garantizarse que la persona cooperante llega allá donde se la necesita.
Mozambique. Marta Sánchez, ONGAWA.
CONTEXTO. Desde 2017, Cabo Delgado sufre un intenso conflicto que, junto a los fenómenos climáticos extremos, ha provocado el desplazamiento de 80.0000 personas. La mayor parte ha buscado refugio en el sur, en casa de familiares; una situación que ha empeorado también estas zonas de acogida en las que los recursos son muy escasos. Por lo tanto, las necesidades de la población se han diversificado y aumentado de manera notable; esto ha hecho que convivan los proyectos de desarrollo, muy necesarios en la zona, con los programas de ayuda humanitaria. Tal situación obliga a las ONG que trabajan en la zona a adaptarse a la nueva realidad con flexibilidad; y exige también el apoyo de los donantes para adaptar las propuestas a una situación de emergencia tan cambiante.
PROPUESTAS. María Sánchez considera que la posición que tienen como cooperantes es aún vulnerable en algunos sentidos y eso debería mejorarse. Nombra, por ejemplo, la necesidad de contar con apoyos institucionales o administrativos en el momento en el que regresan a España después de un tiempo trabajando fuera; “es un proceso que no siempre es fácil, ni en términos laborales ni personales”. Considera también que, dependiendo del contexto, la posición de la persona cooperante respecto a la normativa migratoria puede ser ambigua y vulnerable; considera que, actualmente, el apoyo de las Embajadas y la Cooperación Española en este sentido es insuficiente.
Nicaragua. Grupo de trabajo de Nicaragua de La Coordinadora.
CONTEXTO. La violación del derecho a la libertad de asociación se ha convertido en norma en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica a más de un millar de entidades, tanto nicaragüenses como internacionales (entre ellas, varias organizaciones españolas). Las consecuencias sobre los derechos humanos y la calidad democrática son enormes. El bloqueo a la acción de las organizaciones impacta directamente en la calidad de vida de quienes sufren una mayor vulnerabilidad: infancia, adolescencia, mujeres, jóvenes en situaciones de pobreza extrema… Estos colectivos accedían a la salud, la educación, la justicia a través de programas que ahora se han paralizado.
PROPUESTAS. El nuevo Estatuto de las personas cooperantes debe contemplar garantías de protección, confidencialidad y acompañamiento a las personas cooperantes que se vean afectadas por decisiones arbitrarias de regímenes autoritarios como el de Nicaragua. En estos casos, además, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la AECID deben denunciar las violaciones de derechos humanos.
nda2030
La entrada Día de la persona cooperante se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
Las medias tintas no sirven en un planeta con múltiples y complejas crisis. Los retos que afrontamos como humanidad son enormes; responder a ellos con responsabilidad exige medidas que estén a la altura. Hemos vivido la primera pandemia del siglo XXI, sufrimos los embates de la emergencia climática, se debilitan las democracias y casi 100 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Sucesos como los ocurridos recientemente en la frontera Sur o la guerra en Ucrania y sus enormes consecuencias en todo el mundo nos recuerdan que la cooperación es más necesaria que nunca. Es urgente dar un paso al frente y liderar propuestas centradas en los derechos humanos, la justicia global, la sostenibilidad y la paz.
Consulta en detalle nuestra propuesta aquí
El Gobierno de coalición propuso para esta legislatura recuperar la cooperación y pasar página de la “década perdida”. Aún no se ha cumplido esa promesa, así que los próximos presupuestos del Estado son una oportunidad para ello. Coincide, además, que el Congreso está tramitando la nueva Ley de Cooperación, una ley que solo será creíble y viable si cuenta con recursos de calidad suficiente y voluntad política.
Nos jugamos mucho
La transcendencia de este momento es indudable y así se lo hemos trasladado al Gobierno, a las fuerzas políticas y a la ciudadanía. Es mucho lo que está en juego en las próximas décadas, sobre todo, la vida digna de los millones de personas que participarán en la cooperación que seamos capaces de construir.
En este contexto, es más necesario que nunca el cumplimiento del compromiso de Gobierno de alcanzar el 0,5% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los presupuestos 2023, como paso intermedio para alcanzar el 07%, fijado en el proyecto de Ley. Este compromiso, que nos situaría en la media de los países de la UE-15, significaría un aumento de 3.050 millones, casi el doble, respecto al presupuesto en AOD de 2022 que alcanzó la cifra de 3.507 millones. El Gobierno tiene la responsabilidad de superar, al menos, la barrera simbólica de los 4.700 millones de euros que se destinaban hace 15 años, y con ello, pasar definitivamente la página de la década perdida de la cooperación.
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El encuentro de la OTAN que acoge estos días Madrid se produce en un contexto mundial muy preocupante y complejo. La agresión militar rusa a Ucrania ya ha causado la muerte de 4.432 personas civiles (a fecha 14 de junio) y ha generado una grave crisis humanitaria y de desplazamiento. Además, existen otros 30 conflictos armados activos que son un indicador más de la crisis civilizatoria, el auge del autoritarismo y el colapso ecosocial que vivimos, donde los impactos del cambio climático y el agotamiento de la energía fósil y de materiales, serán factores que alimenten futuros conflictos armados.
El último Índice de Paz Global destaca el impacto económico de la violencia en la economía mundial. El 10% del PIB mundial se destina a gasto militar, lo que supone 2.117 dólares por persona. Una cifra que va en aumento y que supone un 12,4% más que el año pasado.
En este contexto, la deriva belicista a la que estamos asistiendo impactará directamente en la vida de millones de personas; supondrá también un mazazo para el medio ambiente y el equilibrio de los ecosistemas; y alimentará la vorágine de lucha entre bloques y enfrentamientos entre “unos” y “otros”. Encuentros como el que se celebra estos días en Madrid echan más leña al fuego a una situación que ya es asfixiante.
Alimentar una carrera de armas desembocará, inevitablemente, en más violencias y guerras.
La deriva hacia más violencia y guerra
Sin haber superado la grave crisis social provocada por la pandemia, el incremento de los gastos militares y la carrera armamentística se presentan como una opción inevitable fuera de todo cuestionamiento y que se está normalizando en el discurso público. España ya ha anunciado que aumentará el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, tal como establece la OTAN. Un aumento que supondría más del doble del gasto actual es un despropósito en medio de la crisis multidimensional que sufre la población española. También es un riesgo para la seguridad porque alimentar una carrera de armas desembocará, inevitablemente, en más violencias y guerras. Sin olvidar que esta decisión choca de frente con el compromiso del Gobierno con el fomento de la paz y el desarrollo sostenible, defendido por el presidente Pedro Sánchez de manera reiterada. Llama la atención el presupuesto destinado a defensa frente al que se destina a políticas de cooperación y derechos humanos, que apenas alcanza un 0,25%.
La militarización de las relaciones internacionales no evita las guerras sino que las promueve
Asistimos, además, a una militarización de las mentes, una escalada del discurso belicista muy preocupante en el que realidades complejas son explicadas como un simple enfrentamiento entre unos y otros. Tales narrativas justifican la carrera armamentística y una peligrosa instrumentalización de las personas. El análisis de las causas de los conflictos y sus múltiples consecuencias, la identificación de soluciones alternativas y la defensa de la cultura de paz son esenciales para frenar esta deriva.
Por todo ello, pedimos al Gobierno un giro radical de la política exterior y demandamos:
- El freno a los presupuestos militares. Es urgente frenar la escalada armamentística y garantizar que el dinero público se destine a políticas que garantizan los derechos humanos y seguridad colectiva, el desarrollo social y económico, la transición ecológica, la cooperación y la cultura de paz.
- La adhesión al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, tal y como apoya el 89% de la población española.
- La priorización de la diplomacia para la solución de los conflictos. Es necesario abogar por el diálogo, la seguridad humana y el multilateralismo. El respeto por el derecho internacional y humanitario debe ser garantizado.
- El fomento de los discursos de paz. Es urgente desarmar la palabra; tanto por parte de responsables políticos como por los medios de comunicación. Los medios públicos deben fomentar el periodismo preventivo y el de paz deben ser promovidos con el fin de explicar con rigor las causas de los conflictos y sus conexiones con fenómenos globales como el agotamiento de las materias primas y la subida de precios. Es necesario también un periodismo de soluciones en el que se expliquen las alternativas pacifistas que demuestran que otros modelos son posibles.
- La promoción de los procesos de prevención, convivencia y cultura de paz. Procesos que deben ser apoyados por los Estados y las instancias internacionales y que deben contar con el protagonismo de las sociedades civiles implicadas; especialmente, las mujeres, quienes en todo el planeta y tal como reconoce la resolución 1325 de Naciones Unidas, han demostrado su enorme contribución a la paz. Es necesario apoyar a la diplomacia ciudadana con el fin de contrarrestar los discursos de odio y visibilizar las iniciativas colectivas p
- La consolidación de las políticas de paz, cooperación y desarrollo, en coherencia con otras políticas públicas. Urge poner en el centro la sostenibilidad de la vida y fortalecer la diversidad de agendas (feministas, decoloniales, antirracistas, ecologistas, pacifistas…) para la construcción de alternativas socioeconómicas.
- El desarrollo de políticas de acogida integrales, que garanticen una protección y acompañamiento a las personas refugiadas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país de acogida.
- La modificación o eliminación de la Ley Mordaza con el fin de proteger la libertad de expresión y reunión en España, y la celebración de movilizaciones a favor de la paz.
- El fomento de la educación para la ciudadanía y la justicia global. Es esencial promover una educación que explique con rigor las causas de las violencias, las propuestas sociales alternativas y la cultura de paz.
- El cuidado del ecosistema de la paz. La guerra es el último y terrible paso de un camino de crecientes conflictos que deben ser enfrentados desde su origen. Es necesario evitar las violencias estructurales que pueden derivar en conflictos.
Pedimos también a la ciudadanía que no se deje arrastrar por este clima belicista, lo denuncie y se sume a las diversas iniciativas que se están promoviendo desde el pacifismo.
Las organizaciones de paz, derechos humanos y desarrollo trabajamos para construir relaciones, organizaciones e instituciones diferentes y para construir un mundo distinto. Pedir, nombrar, construir la paz no es naif, ni utópico, ni de hippies, ni de cobardes: es la única opción aceptable para garantizar la vida del planeta y evitar la guerra a las futuras generaciones. Los gobiernos apelan al realismo para proponer que la fuerza de las armas es la única vía para afrontar los conflictos; pero esta opción no es la solución. La militarización de las relaciones internacionales no evita las guerras sino que las promueve. Como decía Martínez Guzmán, nosotros los pacifistas somos los realistas, nosotras las pacifistas somos las realistas.
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Por primera vez en 20 años, la cooperación vive una reforma. El anteproyecto de Ley llega al Consejo de Ministros y de ahí pasará a las Cámaras. El contenido de la futura ley será determinante para conseguir un sistema de cooperación a la altura de los desafíos globales.
La propuesta menciona la complejidad de las crisis que vivimos, pero la apuesta por un nuevo paradigma transformador de desarrollo sostenible, justicia global y derechos humanos es limitada. El momento actual exige una legislación que garantice el enfoque feminista y ecologista, que apueste por promover el espacio cívico y democrático y la cultura de paz, que refuerce su rol e impacto en la protección y promoción efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia, que fomente una ciudadanía comprometida con sus barrios y con el planeta. Es necesario que el anteproyecto concrete de manera clara estas cuestiones.
El anteproyecto sienta las bases para promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción exterior del Estado, así como su integración en los mecanismos de implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, es imposible llevar esto a la práctica sin un análisis del impacto de las políticas públicas a nivel global. Es necesario que la Oficina de Evaluación de la Cooperación Española cuente con un mandato concreto al respecto y recursos suficientes para dar cuenta de tal tarea.
El compromiso del 0,7%
La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas sin que ese compromiso se haya cumplido, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones.
También es necesario destinar el 3% de los recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo a la educación para la ciudadanía global. La implicación de la sociedad civil como parte relevante de la cooperación es fundamental para garantizar una propuesta realmente transformadora.
El rol destacado de las ONGD de Desarrollo
En este ámbito, el papel de las ONG de Desarrollo es determinante, tal como reconocía recientemente el CAD. La Ley reconoce ese rol, pero debe ir más allá y fomentar entornos que lo promuevan; es una oportunidad para definir claramente cuál es el aporte específico de las ONGD y de la sociedad civil.También es necesario que abra la puerta a incentivar las donaciones privadas a la cooperación internacional.
En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida y no se pierda la oportunidad de construir un modelo que pase de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad.
El anteproyecto de Ley supone un importante avance en comparación con la Ley de 1998, ya que incluye la promoción de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud como un objetivo pleno y un eje de actuación transversal de la Cooperación Española.
En la fase de tramitación parlamentaria se podrán detallar conceptos, de manera que se apueste por sectores clave para la infancia, como la educación, la salud, la protección y la reducción de la pobreza. También podrá reforzarse el enfoque de género de modo que se reconozca a niños, niñas y jóvenes como actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, el medioambiente, la igualdad y la justicia global.
Cuestiones pendientes y oportunidades
Existen algunas cuestiones que deben ser abordadas para garantizar una cooperación del S.XXI. La reforma del estatuto de la AECID, la cooperación financiera, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones, son algunos asuntos que se pretenden desarrollar en reglamentos específicos. La participación de la sociedad civil debe ser asegurada tanto en el diálogo previo a los respectivos reglamentos, como en los diferentes órganos (AECID, Consejo Superior) e instrumentos (cooperación financiera).
Es vital simplificar la burocracia y aligerar procesos. Todos los actores del sistema, y, por tanto, la política de cooperación en su conjunto, mejorarían su impacto. La Ley General de Subvenciones debe ser reformada para garantizar la mayor efectividad posible en los procesos.
En relación a la cooperación financiera (aquella que fomenta el desarrollo a través de inversiones o transferencias), debe ser integrada en el conjunto del sistema de cooperación en sus objetivos, estándares y formas de operar. Eso ha de ser asegurado de forma especial en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos, la protección del medioambiente y la transparencia.
El momento para realizar estas modificaciones es ahora. La propuesta que llegue al Congreso debe incluir cuestiones que son fundamentales para garantizar una cooperación que responda las múltiples crisis que afectan a millones de personas en todo el mundo.
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En un contexto complejo como el generado por la pandemia, las ONG de Desarrollo han incrementado su compromiso con las personas con las que trabajan. Esto ha supuesto una subida de un 8% en el número de proyectos que realizan, pasando de 3.857 a 4.173. La mejora también se ha observado en el número de personas con las que trabajamos: hemos pasado de 35 millones del informe anterior, a 48. Estamos presentes en 115 países de los cinco continentes.
También debemos destacar que el número de personas locales contratadas en los proyectos ha incrementado un 9%, lo que demuestra el compromiso de las ONGD con el fomento de empleo en los países en los que trabajamos. De total de 9,511 personas empleadas en nuestras ONGD, 5.855 son originarias de otros países
El informe muestra un mayor compromiso del Gobierno con esta política pública lo que, en un contexto como el descrito, es una noticia positiva. Sin embargo, esa subida aún es insuficiente para recuperar la década perdida de la cooperación.
Los datos muestran un aumento en los fondos públicos de un 14% con respecto al informe anterior de 2019; es decir, pasamos de casi 299 millones a 396,61. Es importante señalar que la mayor parte de esa subida proviene de organismos internacionales, a los que le siguen los organismos europeos (que suponen el 35% del total en 2020), los fondos autonómicos y locales y, por último, los nacionales. Por tanto, aunque aumentan los fondos estatales, no lo hacen la misma medida que otros recursos públicos y se quedan en el 15% del total.
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Amnistía Internacional ha analizado el intento de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la sociedad palestina y ha examinado sus componentes clave: fragmentación territorial; segregación y control; desposesión de las tierras y la propiedad; y denegación de derechos económicos y sociales. Amnistía Internacional ha concluido que ese sistema equivale al crimen de apartheid. También ha documentado actos ilícitos de Israel contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, incluyendo traslados forzosos, detención administrativa y tortura, homicidios ilegítimos, denegación de derechos y libertades básicas y persecución. Estos actos forman parte de un ataque sistemático así como generalizado dirigido contra la población palestina y equivalen al crimen de lesa humanidad del apartheid.
Con la publicación de este informe, Amnistía Internacional hace un llamamiento a Israel para que desmantele este cruel sistema y la comunidad internacional debe presionar para que así lo haga. También hace un llamamiento a todos aquellos estados o instituciones con jurisdicción sobre los crímenes de derecho internacional cometidos para mantener el sistema de apartheid, para investigarlos.
En este contexto, y como primer paso hacia el desmantelamiento de este sistema, nos gustaría dirigir su atención hacia la larga y cruel práctica de demoliciones de viviendas. Las autoridades israelíes recientemente han demolido viviendas de manera ilegal, sin necesidad militar y sin proporcionar a los residentes palestinos protección frente a los desalojos forzosos y la indigencia. Esta práctica se remonta a los años posteriores al establecimiento de Israel en 1948, cuando unas 500 aldeas palestinas fueron destruidas. Hoy día, millones de palestinos y palestinas continúan siendo personas refugiados, muchas de ellas viviendo en campos durante décadas, incluso en países vecinos. En Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados, alrededor de 150.000 personas están en riesgo de perder sus hogares.
También queremos llamar su atención con relación al papel que España puede y debe jugar en este aspecto. Valoramos muy positivamente los comunicados públicos emitidos por el gobierno de condena a la construcción de nuevos asentamientos ilegales y de demoliciones de viviendas, así como las recomendaciones hechas por España a Israel en el marco de los Exámenes Periódicos Universales de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde España se puede hacer mucho más para no contribuir a esta terrible situación.
Como socios clave de Israel, principales donantes de las autoridades palestinas y actores importantes en la configuración del enfoque internacional hacia el conflicto palestino-israelí, Amnistía Internacional le está pidiendo a las autoridades españolas, al igual que a todos los Estados Miembros de la Unión Europea que:
• Reconozcan públicamente que Israel comete el crimen del apartheid contra la sociedad palestina, tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en Israel: La Unión Europea y sus Estados Miembros deberían cambiar drásticamente su enfoque del conflicto palestino-israelí y reconocer el alcance total de los crímenes que Israel perpetra contra la sociedad palestina. El término para describir esta realidad bajo el derecho internacional es apartheid.
• Insten a Israel a desmantelar el cruel sistema del apartheid y otorgar plenos e iguales derechos a todos los palestinos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, de conformidad con los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
• Tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la Unión Europea y sus Estados Miembros no apoyan el régimen del apartheid, ni brindan ayuda o asistencia para mantenerlo. Entre otras cosas, esto requeriría que los responsables políticos de la Unión Europea:
– Revisen todas las relaciones bilaterales de la Unión Europea y los Estados Miembros de la Unión con Israel para asegurarse de que no contribuyan directamente a facilitar el crimen del apartheid u otros crímenes graves según el derecho internacional.
– Prohíban el comercio de productos de los asentamientos, así como la entrada de productos ilegales procedentes de los asentamientos israelíes en el mercado de la Unión Europea.
– Prohíban que las empresas operen en los asentamientos. (ver documento adjunto sobre la empresa CAF)
– Suspendan de inmediato el comercio de armas y equipo militar de seguridad a Israel, así como cualquier otro entrenamiento o asistencia militar. (ver documento adjunto de exportaciones de armas españolas a Israel)
• Insten al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que imponga sanciones específicas, como la congelación de activos, contra los funcionarios israelíes más implicados en el crimen del apartheid.
• Apoyen a la Corte Penal Internacional y los mecanismos de justicia internacional destinados a abordar estos crímenes y detener el doble rasero.
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OBJETIVOS QUE ALCANZAR POR LA CONGDCAR
Objetivo General
Fortalecimiento de las ONGD socias de la CONGDCAR para favorecer su impacto en las
poblaciones destinatarias de su ayuda, potenciar su visibilidad y apoyo en La Rioja y brindar
herramientas para mejorar sus entidades y actuaciones.
Objetivo Específico (la CONGDCAR decidirá una opción u otra, dependiendo de las propuestas
recibidas, los costes, las facilidades, etc.)
• Opción A: Diseño y puesta en marcha de un portal e-learning alojado o conectado en
nuestra web institucional (https://congdcar.org/) para formación de nuestras ONGD
socias y/o otras entidades del tercer sector. La gestión de la plataforma y la difusión
correrá a cuenta de la CONGDCAR.
• Opción B: Diseño y puesta en marcha de un portal e-learning alojado en la web de la
entidad a contratar, para formación de nuestras ONGD socias y/o otras entidades del
tercer sector. En este caso, la entidad se encargaría de la gestión de los cursos (búsqueda
y contacto de ponentes, gestión asistencia, evaluación y satisfacción del alumnado), una
vez indicada y descrita por la CONGDCAR la temática
PRESUPUESTO DISPONIBLE
Opción A: TOTAL: 4.000€. IVA incluido
Opción B: La entidad deberá hacer una propuesta que brinde detalles de cuántos cursos puede
organizar y gestionar por este importe en el año.
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Se recibirán ofertas hasta el día 31 de mayo de 2022 incluido. Al correo electrónico
asesoriaongd@congdcar.or
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La entrada TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE FORMACION E-LEARNING se publicó primero en Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja (CONGDCAR).
