La enfermedad renal crónica avanzada es una patología que limita de forma considerable las capacidades de la persona que la padece, especialmente cuando hablamos de tratamiento sustitutivo renal (TSR).

La calidad de vida en el paciente renal crónico es una variable que habitualmente se mide en relación con los TSR y, dentro de ella, existen varios factores a determinar.; uno de ellos es la situación laboral del paciente, que además constituye un importante parámetro de rehabilitación del mismo.

La actividad laboral conlleva, además, que la persona disfrute de una mayor estabilidad económica y de un mejor estado emocional, al recuperar en muchos casos la autoestima y las capacidades que en un principio pierde.

La protección social para el paciente que tiene que optar por un TSR de diálisis (ya sea hemodiálisis [HD] o diálisis peritoneal [DP]) durante su actividad laboral, está en España bien definida y permite al paciente y a su familia afrontar con garantías el inicio del tratamiento en diálisis. Aunque la determinación de las capacidades laborales es un proceso de valoración individual y que depende de las limitaciones concretas que en cada persona produzca la enfermedad, podemos afirmar que la mayoría de los pacientes en tratamiento de diálisis pueden obtener una incapacidad laboral permanente (ILP) si no pueden continuar con su actividad laboral El/la trabajador/a se encuentra en situación de ILP cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dada/o de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral,cdando lugar a distintos grados de incapacidad.

Cuando el paciente, sin embargo, no ha cotizado el número de años necesario o no ha comenzado su actividad laboral, la protección social en España es escasa o nula, de modo que debe buscar un puesto de trabajo acorde a sus limitaciones. En este caso, resulta especialmente importante la obtención del denominado Certificado de Discapacidad, con grado igual o superior al 33%, ya que ello supone unas importantes bonificaciones y subvenciones para la empresa que lo contrate, mientras que para el paciente implica descuentos significativos en su IRPF. Todo ello onstituye, sin duda, una ventaja para el paciente renal y una garantía para el empresario a la hora de hacer frente al posible absentismo del trabajador/a por motivos de salud.

La calidad de vida en el paciente renal crónico es una variable que habitualmente se mide en relación con los TSR y, dentro de ella, existen varios factores a determinar.; uno de ellos es la situación laboral del paciente, que además constituye un importante parámetro de rehabilitación del mismo

Cuando el paciente, sin embargo, no ha cotizado el número de años necesario o no ha comenzado su actividad laboral, la protección social en España es escasa o nula, de modo que debe buscar un puesto de trabajo acorde a sus limitaciones